Medio millón de ciudadanos se beneficiaron en 2013 de la justicia gratuita electrónica

Un total de 524.487 ciudadanos aprovecharon en 2013 las ventajas que ofrece el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, lo que supone un aumento de un 41 por ciento respecto al año anterior.
Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estatales y autonómicas proporciona una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitando sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.
El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la justicia gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.
El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 70 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la justicia gratuita al ciudadano que prestan más de 39.000 abogados a través del turno de oficio 365 días al año, 24 horas al día.
Por comunidades autónomas, la que más expedientes electrónicos generó en 2013 fue Valencia, con 91.044 solicitantes; seguida de Madrid, que se incorporó el año pasado a este sistema tecnológico, con 87.145, Andalucía, con 86.317, y Cataluña, en la que 70.268 personas solicitaron este servicio a través de las entidades colegiales. Galicia, Canarias, y Murcia están por encima de los 22.000 expedientes y Baleares, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan los 13.000.
ANTEPROYECTO DE LEY
El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborado por el Ministerio de Justicia y pendiente de su aprobación por el Consejo de Ministros, da respaldo a la labor tecnológica que la Abogacía ha realizado durante años en la tramitación electrónica de la Justicia Gratuita al incluir -como novedad con respecto a la normativa actual- la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento de este derecho, siempre con la autorización expresa concedida por el solicitante de justicia gratuita para la consulta de sus datos.
Además, se da amparo legal a la realización electrónica de comprobaciones por los Colegios de Abogados sobre la exactitud y realidad de los datos económicos -en especial de rentas y patrimonio- de los solicitantes de justicia gratuita, gestión que anteriormente llevaban en exclusiva las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
Los Colegios de Abogados ya recaban la información necesaria de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o cualesquiera otro cuya información pueda obtenerse por vía telemática que luego pasan a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, responsables de la concesión o denegación de este beneficio; esta actividad queda respaldada en la redacción del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
VENTAJAS
El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las administraciones públicas. Al ciudadano se le facilita el acceso a la justicia gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias.
La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.
Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.
Por último, las administraciones públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.