México, 14 jul.- México cuenta ya con un nuevo marco jurídico en el sector clave de las telecomunicaciones con el que prevé duplicar las inversiones hasta 2018, promover la competencia, ampliar la cobertura, y mejorar los servicios y contenidos a menores costos.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la legislación que permitirá poner en marcha de la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada en 2013, si bien aún tardará tiempo en que la población empiece a sentir sus beneficios.
Tras un intenso debate en el Parlamento, que permitió la semana pasada la aprobación de las leyes secundarias, ahora el reto del Gobierno es aplicar la reforma con eficiencia y rapidez en un sector marcado por el rezago y la concentración del mercado en pocas manos.
El objetivo del nuevo marco jurídico es poner fin al monopolio de la empresa América Móvil en telefonía e internet y de Televisa en radio y televisión abierta, ambas declaradas predominantes en marzo pasado por el órgano regulador.
Sin embargo, voces críticas de la izquierda y de un sector del conservador Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron durante el debate parlamentario que la legislación secundaria es una contrarreforma al cambio constitucional logrado en 2013 y beneficia a Televisa.
En su opinión, la definición de predominio por sector y no por servicios en las leyes reglamentarias suponen un regalo para el grupo de medios de Emilio Azcárraga pues le deja el camino abierto para que siga expandiendo sus negocios en televisión restringida.
El gobernante mexicano respondió hoy a esos señalamientos al asegurar que la legislación secundaria, aprobada con siete meses de retraso respecto a lo previsto, se apega "estrictamente a lo establecido en la reforma a nuestra Carta Magna".
Estas leyes reglamentarias "mantienen el alcance y la audacia del cambio constitucional" y hacen "tangibles sus beneficios", aseveró Peña Nieto en un acto celebrado en Palacio Nacional y al que asistieron miembros de su gabinete, legisladores y empresarios del sector.
La nueva legislación "marca un hito en la historia" del país, afirmó tras enumerar múltiples beneficios, como mayor competencia, más cobertura, mejores servicios y contenidos a precios más accesibles, lo que, dijo, favorecerá la economía de las familias.
Asimismo, apuntó, atraerá "grandes inversiones", pues abre la participación del capital extranjero en el 100 % de las telecomunicaciones y del 49 % en radiodifusión, y promoverá la competitividad de las empresas al reducir sus costos de operación.
Según el Gobierno, todo ello permitirá al sector salir de su actual rezago en un país con baja cobertura en telefonía fija y móvil, con 17 y 86 líneas por cada 100 habitantes, respectivamente, y acceso internet en solo 30 % de los hogares.
La reforma obliga al Ejecutivo a poner en marcha una amplia red de acceso gratuito a Internet en 250.000 sitios públicos y promover que al menos 70 % de los hogares y el 85 % de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con este servicio.
Además, elimina el cobro por larga distancia nacional en telefonía fija desde 2015, la duración de un año de los saldos en telefonía de prepago frente a los dos meses de antes, consulta de saldos gratuita, el resarcimiento por fallas en servicio y la portabilidad del número telefónico sin coste.
En televisión abierta, donde solo dos empresas tienen el 95 % de las 465 concesiones, ya está en marcha el proceso de licitación de dos cadenas nacionales que competirán en las mismas condiciones que las actuales.
Asimismo, se creará una cadena de radiodifusión del Estado y se establece una nueva regulación para que los concesionarios puedan ofrecer los servicios de televisión restringida, voz, datos e internet de banda ancha en paquete.
Ello asegura la libre expresión en los medios de comunicación y la inclusión digital a través del acceso de las tecnologías en las regiones más apartadas del país y de los discapacitados a través del lenguaje de señas o subtítulos en los programas de televisión, concluyó Peña Nieto.
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