El componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia titulado 'Política Industrial España 2030' recoge en su primer punto la reforma de la Ley de Industria, aprobada en 1992 y que tanto el sector como las fuerzas políticas entienden que no se ajusta al impulso que se le quiere dar a la industria a lo largo de la próxima década. El cronograma aprobado por Bruselas recoge que "la implementación de esta medida debe estar completada para el 31 de diciembre de 2023", sin embargo, el Gobierno ni siquiera había remitido el texto al Congreso de los Diputados antes de la convocatoria anticipada de elecciones, al ser consciente de que no tenía garantizados los apoyos de algunos de sus socios habituales como ERC, PNV o BNG.
La disolución de Las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para julio puso más difícil que el recién llegado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, llegase a cumplir el hito 176 del Plan en tiempo y forma. No obstante, parece que en La Moncloa contaban con ello, dado que no introdujeron modificaciones en este punto en la adenda al Plan de 2021 presentada en el mes de junio a las instituciones europeas, a pesar de que como confirman fuentes de la Comisión Europea a La Información, este compromiso está vinculado al sexto pago de los Fondos Europeos y a la larga, podría traducirse en un recorte de las próximas transferencias.
Lo cierto es que en otras ocasiones, la Comisión Europea se ha mostrado flexible en los plazos comprometidos y ha optado por priorizar que las reformas que se pusieran en marcha fueran sólidas y se ajustaran a objetivos perseguidos, como ya sucedió con la segunda parte de la reforma de las pensiones, que se aprobó casi tres meses después del límite aprobado por Bruselas. Además, España cuenta con un importante margen de tiempo hasta solicitar ese pago, dado que por el momento el Gobierno no ha remitido la solicitud de la cuarta transferencia de los fondos Next Generation, ya que como explicó la ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, hay aspectos pendientes, como la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, también comprometida para final de año.
El presidente del Gobierno puso fin a la legislatura antes de lo previsto, pero las esperanzas de sacar adelante el texto antes de diciembre, incluso si las elecciones se celebraban en el último mes del año, eran escasas. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Industria en diciembre de 2022 en primera vuelta para dar paso a la fase de audiencia pública, pero después 'quedó guardado en un cajón', ya que nunca llegó a enviarse al Congreso para que avanzase en su tramitación parlamentaria. De acuerdo con los primeros pasos, el Ejecutivo parecía determinado a aprobarlo como proyecto de ley y no como real decreto, por lo que sería enviado a la Comisión de Industria, donde los socialistas deberían conseguir articular una mayoría.
Si bien, el partido mayoritario en el Gobierno en funciones, distaba de contar con los apoyos necesarios, porque como apuntaban diputados del PNV con representación en esa Comisión en el mes de enero a este diario, a pesar de que la iniciativa fue anunciada por primera vez en 2018, el Ejecutivo no había comenzado a negociar con los grupos para entonces. El texto del anteproyecto de ley buscaba orientar al sector hacia la sostenibilidad, el aprovechamiento de la economía circular y avanzar hacia su digitalización con "nuevas figuras y mecanismos" para mejorar la competitividad de la industria española. Sin embargo, este primer borrador despertó las suspicacias de los grupos nacionalistas que entendían que esta norma podría invadir competencias estrictamente autonómicas.
Aunque también surgieron voces críticas desde el propio sector. El Colegio General de Colegios de Ingenieros Industriales publicó una nota de prensa en el mes de mayo en la que denunciaba que la futura norma "lleva una tramitación demasiado lenta para la importancia que se le dio durante y después de la pandemia" y señalaban que el anteproyecto de la nueva ley de industria se encontraba "estancado". Los ingenieros presentaron alegaciones al texto respecto a seis puntos referidos a la política y la promoción industrial, la reindustrialización, la neutralidad climática, la economía circular, la digitalización, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza y apelaron a que el Gobierno tratase de conseguir un mayor consenso antes de aprobar la norma.
Sin embargo, desde entonces no se conoce que se hayan producido avances. El ministro de Industria se comprometió a aprobar en Consejo de Ministros el texto en el mes de mayo, no obstante la disolución de Las Cortes impide que el Gobierno pueda remitir un proyecto a la Cámara Baja, así que este objetivo perdió su fundamento. Gómez trasladó entonces que el Gobierno estaba "perfilando" la Ley de Industria con los agentes sociales y que confiaba tener los apoyos parlamentarios para dar luz verde al instrumento, que estimaba "extremadamente necesario" y "útil" para el desarrollo industrial del país, no obstante, esta negociación política no llegó a producirse.
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