La aprobación definitiva de la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero se vio truncada por la convocatoria anticipada de elecciones generales por el presidente del Gobierno, tras conocer el resultado de los comicios del 28-M. El proyecto de ley encaraba su última fase en el Senado, después de superar la tramitación en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de la mayoría de grupos de la Cámara y la abstención de PP, Junts y Foro Asturias -solo contó con el voto en contra de Vox-. Sin embargo, la disolución de Las Cortes hizo que cayera la iniciativa, lo que deja al nuevo ejecutivo con un tiempo muy reducido para sacar adelante la norma antes de diciembre, como se comprometió a hacer con Bruselas.
La aprobación de esta figura, que busca aunar las reclamaciones presentadas al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones figura dentro del compromiso 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea en 2021. Se trata de la tercera reforma dentro de este punto, para la que se fijó el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite para completar su implementación, de acuerdo con el cronograma firmado por Bruselas. Además, este aspecto esta vinculado con el cuarto pago de los fondos Next Generation, por lo que el parón en su aprobación ha impedido que el Gobierno haya podido solicitarlo en primavera, como tenía previsto a inicios de año.
Ahora, con la constitución de Las Cortes fijada para el próximo jueves 17 de agosto, el reloj comienza a correr en contra de España para acceder a este pago, que asciende a 10.000 millones de euros. El problema es que el Gobierno, primer autor de la propuesta, ahora no podría enviarla al Congreso para que iniciase de nuevo su tramitación porque está en funciones, de manera que la responsabilidad recaería en el Grupo Parlamentario Socialista, por ser el socio mayoritario del Ejecutivo y titular de la cartera de Economía. El problema es que el Reglamento del Congreso y la Costumbre -el modo en el que suelen hacerse las cosas- dictan unos tiempos sosegados.
Una vez superada esta primera cita parlamentaria -en la que todos los grupos centran sus esfuerzos para negociar los puestos de la Mesa- el Reglamento del Congreso fija un periodo de cinco días para que los partidos presenten su solicitud para formar grupo parlamentario, tras el cual la Cámara comenzará a operar con "normalidad", al menos sobre el papel. No obstante, los precedentes apuntan a que la práctica será diferente. Materialmente, no existe un impedimento para que las comisiones parlamentarias empiecen a funcionar antes de que tenga lugar la investidura del presidente del Gobierno, como confirman fuentes del Congreso, sin embargo, lo habitual es que se espere a que forme el nuevo ejecutivo, dado que las áreas de cada uno de los grupos de trabajo se corresponderán con los nuevos ministerios.
Esto ha sido así siempre, a excepción de 2016, cuando la negativa inicial de Mariano Rajoy de presentarse como candidato en una sesión de investidura y la primera repetición de elecciones hizo que el Gobierno estuviera en funciones durante más de 300 días, lo que llevó a los grupos parlamentarios a adoptar un acuerdo para conformar las comisiones para poder trabajar en iniciativas legislativas. Si bien, dadas las últimas declaraciones del Partido Popular, parece que Alberto Núñez Feijóo sí se presentará a la investidura si así se lo pide Felipe VI, por lo que se espera que el plazo máximo de dos meses para formar gobierno antes de volver a convocar elecciones comience a correr en el mes de septiembre.
Ante este escenario, la opción más probable es que los grupos decidan esperar a que se elija un nuevo presidente del Gobierno para iniciar esta actividad, aunque esto puede no ser del todo rápido, ya que como dio a entender el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los 'socialistas' no tienen prisa para que se produzca esta investidura. Este proceso podría extenderse incluso hasta noviembre, de manera que tantos los grupos, como el nuevo ejecutivo -probablemente integrado por PSOE y Sumar- quedarían a las puertas de que el plazo pactado con Bruselas venciera, si bien, no sería imposible cumplirlo, ya que la Mesa puede autorizar su tramitación urgente y de igual manera, podría hacerlo el órgano homólogo del Senado.
Para ello será clave la posición que adopten los representantes del Partido Popular en ambas cámaras, dado que en la anterior legislatura optaron por la abstención al coincidir en el fondo de la medida, pero no respaldar el texto en su totalidad. El partido de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que le otorga la capacidad de establecer vetos o introducir vetos en el Senado que después podrían ser levantados en el Congreso, pero para ello sería preciso que Junts cambiase de la abstención al 'sí' en esta materia. Al tiempo que queda por determinar el posible conflicto de competencias que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero podría despertar con el ámbito judicial, del que advirtió el Consejo General del Poder Judicial al conocer el anteproyecto elaborado por el Gobierno.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios