Madrid, 11 jun.- Novagalicia Banco (NCG) cree que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no ha estafado a sus clientes tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, aunque sí ha defraudado las expectativas de muchos.
El director de la Asesoría Jurídica de Novagalicia Banco, José Eduardo Álvarez-Naveiro, hizo esta consideración durante su intervención en la subcomisión de Transparencia del Congreso, a cuyas actas ha tenido acceso hoy Efe.
En concreto, en su intervención a puerta cerrada, Álvarez-Naveiro aseguró que desde el punto de vista estrictamente jurídico no podía "asumir en modo alguno" que la entidad haya estafado a sus clientes.
"Evidentemente, hemos defraudado las expectativas de muchos" y por eso hemos puesto en marcha el arbitraje. Dentro de lo que podíamos hacer, hemos hecho todo lo posible", dijo Álvarez-Naveiro, que explicó que ya se han recuperado 300 millones de inversión en estos productos.
Añadió que, si antes de la comercialización de estos productos se hubiera sabido lo que ha pasado, "seguramente no se habrían comercializados, según dijo Álvarez-Naveiro, que abogó por reforzar los mecanismos de los test de conveniencia e idoneidad de los clientes, y pidió que sean comunes a todas las entidades y configurados por la CNMV.
Álvarez-Naveiro también hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo que declara nulas las "cláusulas suelo" de BBVA, Novagalicia Banco y el grupo liderado por Cajamar (Cajas Reunidas), y que establece que para que éstas no se consideren abusivas deben ser "comprensibles" y "transparentes".
Así, además de Álvarez-Naveiro, comparecieron en la subcomisión representantes de las otras dos entidades. Por parte de BBVA, el miembro del comité de dirección y responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu, y por Cajamar-Cajas Rurales Unidas, el director general corporativo, Bernabé Sánchez.
Sobre este asunto, el director de la Asesoría Jurídica de Novagalicia Banco explicó que la entidad, al igual que las otras dos, ha pedido una aclaración sobre cómo ejecutar la sentencia, ya que no es fácil discernir a qué cláusulas afecta.
"Queremos tener claro cómo enfocar esa ejecución porque es muy importante para los clientes y para el banco, porque tiene unos efectos patrimoniales sumamente relevantes", manifestó Álvarez-Naveiro, que criticó que la sentencia demanda nuevas exigencias de transparencia que no están en la ley.
Una idea que compartió el director general corporativo de Cajamar, Cajas Reunidas, Bernabé Sánchez, que dijo ser "ciertamente desconcertante que una entidad actúe según la normativa vigente" y que, sin embargo, "pueda verse afectada notablemente por decisiones judiciales".
Unas decisiones que "exigen haber cumplido con parámetros de transparencia adicionales a los que contemplan las normas", añadió.
Para Sánchez, la nulidad de las "cláusulas suelo" provocará un alza en los diferenciales sobre los índices de referencia en las hipotecas, incrementando el precio del crédito y limitando, "lamentablemente", su acceso a una parte de los clientes.
Así, pidió una regulación legal "lo más sencilla y unificada posible", que fije "con claridad y precisión" los requisitos necesarios para la válida contratación. "De este modo se evitaría estar expuestos a posibles interpretaciones legales, de las que pueden derivarse importantes consecuencias", concluyó.
De la misma manera, Arbizu solicitó que la norma se estudie caso por caso, ya que si se aplica de forma colectiva "el efecto sería muy significativo para el sector financiero".
En concreto, advirtió de que se restringirá y encarecerá el crédito y se reducirá el margen financiero de la banca.
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