Organizaciones sociales pedirán “luz a precio justo” este sábado en 23 ciudades


La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y más de una veintena de organizaciones sociales y de consumidores han convocado para este sábado acciones reivindicativas en 23 ciudades de España para exigir “luz a precio justo”.
Las movilizaciones protestarán contra la subida del 2,3% de la tarifa eléctrica, que supone “un nuevo incremento que ahoga aún más a las familias españolas”, criticó Adicae en un comunicado, en el que denunció el “atraco eléctrico”, tras el 30% de subida de la luz en cuatro años.
Según cálculos de la asociación, entre 2009 y finales de 2013 la factura media de los hogares se ha encarecido en 20 euros, al tiempo que la renta media ha caído en el mismo periodo un 10%.
Asimismo, señala que el propio Ministerio de Industria confirma que el recibo “se ha disparado nada menos que un 72% en los últimos diez años”, pasando de los 35 euros mensuales en 2009 a 45 euros en 2013.
Estas cifras “desorbitantes” han traído consigo, añade Adicae, el fenómeno conocido como ‘pobreza energética’, hogares que por falta de ingresos no son capaces de mantener sus casas en condiciones térmicas adecuadas.
Casi un millón y medio de consumidores se quedaron sin luz el pasado año por no poder pagar la factura, según Adicae, que ante esta situación trabaja desde hace meses con expertos y asociaciones vinculados con la energía y el consumo energético para elaborar una propuesta completa de reforma.
Entre sus propuestas se incluyen la desaparición del sistema de subastas Cesur, a su juicio “culpable del continuo encarecimiento de la luz”, y que las eléctricas cobren las facturas a precio de tiempo real.
Asimismo, Adicae considera que debería mantenerse la Tarifa de Último Recurso (ahora Precio Voluntario al Consumidor), y no fijar el límite para su acceso por debajo del actual, de 10 kilovatios (kW), puesto que sería un “grave perjuicio para millones de consumidores”.
La rebaja del IVA del 21% al 4%, el mantenimiento del bono social y una auditoría para controlar el déficit de tarifa son otras de sus propuestas.

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