PAH teme que venta deuda hipotecaria de Catalunya Caixa perjudique afectados

Barcelona, 22 dic.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) teme que la venta de una parte del fondo de deuda hipotecaria de Catalunya Caixa a una entidad financiera estadounidense, Blackstone, pueda perjudicar a las familias en riesgo de perder su vivienda.

En un comunicado, la PAH asegura que hoy ha iniciado una serie de acciones de protesta en diversas oficinas de Catalunya Caixa para exigir a esta entidad el desbloqueo de las negociaciones con las familias que pueden ser desahuciadas por impago de la hipoteca.

Según la Plataforma, Catalunya Caixa lleva más de ocho meses "bloqueando cualquier intento de negociación" mientras "se cierran los acuerdos con Blackstone, que permitirán la venta de las deudas de las familias a una compañía carroñera interesada exclusivamente en la ganancia económica".

Fuentes de Catalunya Caixa han asegurado hoy a EFE de que, efectivamente, se negocia con Blackstone la venta de una parte del crédito, pero que este hecho "es independiente" de las negociaciones con las familias afectadas por impagos.

Estas mismas fuentes han afirmado que desde el año 2012 Catalunya Caixa no ha llevado a cabo ningún desahucio, que ha gestionado 12.000 daciones en pago desde 2009 y ha negociado 3.000 alquileres sociales que oscilan entre los 150 y los 300 euros mensuales.

Blackstone, la entidad financiera estadounidense que negocia con Catalunya Caixa, gestiona 284.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, y está dirigido por el financiero Stephen A. Schwarzman.

La PAH reclama que la caja catalana se comprometa a "no vender a terceros, en este caso a Blackstone, la deuda de ninguna familia" y que se acabe el "bloqueo de las negociaciones individuales y se concedan daciones en pago o condonaciones de la deuda, y alquileres sociales a las familias".

También exige que se impida la venta de Catalunya Caixa a cualquier entidad financiera "que no se comprometa a asumir el pago del rescate de 12.000 millones de euros estafados a la ciudadanía", al considerar que ha sido rescatada con dinero público y "tiene una responsabilidad social que no puede rehuir".