El País Vasco es una de las escasas autonomías donde la compraventa de vivienda se mantuvo el año pasado por debajo de los niveles de 2019, previos al estallido de la pandemia. Esta relativa debilidad en las operaciones fue particularmente visible en las transacciones realizadas sobre vivienda nueva, que se situaron un 30% por debajo de los niveles precovid en el conjunto del ejercicio, cuando en el resto de España fueron ya un 12% superiores.
En este contexto, el precio de la vivienda se situó un 5% por encima de los niveles de 2019, lo que según Miguel Cardoso, economista Jefe de BBVA Research para España, indicaría que se perciben menos tensiones de las que se aprecian en el conjunto del país (+10%) o de las que se ven en otras comunidades autónomas donde el déficit de vivienda es más importante, como es el caso de Baleares (+21%) o el de Madrid (+15%).
"Esto no quiere decir que no haya lugares donde el tensionamiento sea mayor. Esto pasa sobre todo alrededor de los centros urbanos más grandes", puntualiza. Los datos publicados por el Colegio de Registradores muestran cómo las autonomías con el precio medio de los pisos más elevado fueron Baleares (3.267 euros por metro cuadrado), Comunidad de Madrid (3.267 euros por metro cuadrado), País Vasco (2.960 euros) y Cataluña (2.446 euros). Por ciudades, San Sebastián es la ciudad más cara de España con 5.378 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid y Barcelona.
Sucede con las compraventas... y con los alquileres, dado que según los datos que maneja el Gobierno de Ajuria Enea en su estadística sobre la evolución de este mercado (EMAL), los precios de los arrendamientos se elevaron un 4,5% en el tercer trimestre del año pasado en relación al mismo periodo de un año antes hasta los 783,5 euros al mes.
Como en el resto de territorios existe un problema de oferta, aunque menos severo que en otras áreas del país, por lo que la vivienda sigue estando entre las tres principales preocupaciones de los ciudadanos, junto con el empleo y la Sanidad, según la última edición del Sociómetro Vasco. El CIS lo sitúa como quinto quebradero de cabeza para la población por detrás de los problemas políticos y de la crisis económica.
Las medidas públicas en este ámbito
Del total de 130.688 viviendas en régimen de arrendamiento que existen actualmente en Euskadi, alrededor del 16% son alquileres sociales y cerca de otro 6% son inmuebles de Protección Oficial. El propio Gobierno vasco es, de hecho, el mayor casero de la autonomía, con más de 6.800 viviendas puestas en alquiler a través de tres empresas públicas.
Mientras, el Gobierno central ha destinado 48,58 millones de euros a la autonomía para que levante 1.140 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, según el último informe al respecto presentado ante el Consejo de Ministros por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
El pasado mes de octubre fue el Ejecutivo de Euskadi el que aprobó finalmente el decreto del derecho subjetivo a la vivienda, que había aparecido incorporado por primera vez en la Ley Vasca de Vivienda de 2015 y reconoce el derecho a ocupar una vivienda digna y adecuada -entonces les fue reconocido a más de 8.200 personas-.
Desde este mes se ha activado además un tipo de 'pasarela' para que alrededor de 25.000 perceptores de otras ayudas de alquiler que están vinculadas a la renta de garantía de ingresos (RGI) pasen a convertirse en titulares del derecho a la vivienda.
