París enfrenta la crisis con el retraso de la jubilación hasta los 62 años

París.- El Gobierno francés anunció hoy nuevos instrumentos para combatir las consecuencias de la crisis económica y evitar la quiebra futura del sistema de pensiones con un retraso de dos años, hasta los 62, de la edad legal de jubilación.

El ministro de Trabajo, Eric Woerth, advirtió al presentar el plan que, de no acometer la reforma, el sistema de jubilaciones corre el riesgo de agravar seriamente su déficit y aseguró que el proyecto se aplicará de manera "responsable" y "justa".

El anteproyecto presentado hoy por el ministro prevé incrementar progresivamente la edad legal de jubilación de los 60 años actuales a los 62 años, objetivo que se pretende alcanzar en 2018, con la intención de que los trabajadores galos prolonguen su tiempo de cotización al sistema público de pensiones.

Al mismo tiempo, el Gobierno anunció que aumentará el tiempo necesario para reunir los derechos a una pensión de jubilación máxima, desde los 41 años actuales a los 41 años y tres meses, en el año 2013, lo que afectará a los franceses nacidos en 1953 y 1954.

El Gobierno calcula que, en la práctica, el tiempo necesario para cobrar la pensión máxima de jubilación llegará a los 41 años y cinco meses en 2020, como consecuencia de la evolución demográfica de la sociedad francesa y por el incremento pronosticado de la esperanza de vida.

La edad a partir de la cual un trabajador podrá jubilarse aun sin haber cotizado el tiempo necesario para cobrar el máximo de pensión se ampliará también en dos años, desde los 65 a los 67, precisó el Ejecutivo francés.

El ministro Woerth agregó que los trabajadores que tengan una incapacidad física de al menos el 20% podrán seguir jubilándose a los 60 años y que aquellos que hayan comenzado a trabajar antes de los 18 años se podrán jubilar antes de los 62, siempre que hayan cotizado el tiempo necesario.

Las medidas que presentó el Gobierno lograrán que el sistema de pensiones esté equilibrado en 2018, sobre la base de que en el año 2024 se haya vuelto a una situación de "pleno empleo", que el Ejecutivo equipara con un índice de paro del 4,5% (frente al 10,1% actual).

El Ejecutivo anunció además que los déficit acumulados en el sistema nacional de pensiones hasta que se consiga equilibrar las cuentas serán financiados por el Fondo de Reserva para las Jubilaciones, creado en 1999 y que en teoría sólo se debería comenzar a emplear desde el año 2020.

Este fondo fue creado precisamente para compensar el incremento previsto en el número de trabajadores que deberán cobrar una pensión de jubilación como consecuencia del envejecimiento esperado de la población francesa dentro de diez años.

El Gobierno estimó hoy que, si no se aplican reformas, el déficit del sistema de pensiones aumentaría desde los 32.300 millones de euros de 2010 a los 42.300 millones de euros en 2018.

En el anteproyecto se detallan además otras medidas destinadas a incrementar la financiación del sistema público de pensiones y que tendrían que aportar un total de 3.700 millones de euros más en 2011 y 4.600 millones en 2020.

Eso se logrará con subidas de impuestos, como el incremento de un punto de las retenciones en el tramo superior de las rentas más elevadas.

De este modo, para las rentas más altas las retenciones serán del 41% (frente al 40% de máximo actual) y eso se hará como "aportación de solidaridad" con el envejecimiento de la población, explicó el ministro de Trabajo, quien dijo que esta medida recaudará 230 millones de euros en una primera fase.

También dijo Woerth que habrá incrementos de las retenciones por plusvalías mobiliarias e inmobiliarias, sobre los dividendos y los intereses, así como en las retenciones sobre las opciones sobre acciones ("stock options").

El jefe del Estado recibirá el próximo viernes las propuestas del Gobierno y los comentarios de los interlocutores sociales con el fin de dar su aprobación y para que el Consejo de Ministros pueda examinarlas en su reunión del 13 de julio.

El plan del Gobierno, aún antes de conocerse, ya suscitó la oposición de los principales sindicatos, seis de los cuales ya han convocado una huelga general el jueves 24 de junio para protestar por la reforma.