Consumidores piden la revisión de los costes de la electricidad

Madrid, 16 mar.- La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), ante la próxima subida del recibo de la luz, pide la revisión de los costes de la electricidad, tanto los regulados (transporte, distribución, primas a las energías renovables, ayudas al carbón...) como los de la energía, ha informado hoy.

También la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama "transparencia real en la formación de los precios de la electricidad", y que se clarifiquen "las oscuridades" que planean sobre la formación del precio que finalmente pagan los usuarios y sobre el sector eléctrico.

Para CECU es fundamental aumentar la transparencia en la formación de los precios de la electricidad, ya que el actual sistema de subasta no implica sino que los actores en la misma actúen para favorecer el incremento de precios.

Ambas organizaciones plantean esta reclamación ante la resolución del Tribunal Supremo de conceder las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas y que el ministerio de Industria complete la fijación de peajes establecida en la orden de tarifas de enero, lo que puede suponer una inminente subida de las tarifas de la luz.

Según CEACCU la resolución del Supremo pone de manifiesto "las consecuencias de elaborar normas a la medida de las empresas y no del interés general", y opina que carece de sentido que "el Ejecutivo tenga capacidad de regular para subir los precios pero no para bajarlos" y que si la norma no le permite fijar su parte de la tarifa para defender a los consumidores, "se debe cambiar la norma".

CECU solicita al ministro de Industria que promueva reuniones entre todos los agentes implicados para clarificar el oscurantismo que rodea al sistema energético y buscar soluciones conjuntas para acabar con los problemas de precios durante los últimos cinco años.

CEACCU, que lamenta que el Supremo exima a las compañías de sufragar el bono social (congelación de tarifas para casos de especial precariedad), señala que "es un grave paso atrás" y un abandono de la obligación que impone el marco jurídico comunitario sobre la obligada protección de los sectores vulnerables en los servicios de interés general.