Plataforma CAM: El gran fallo en las participativas es del Banco de España

Valencia, 11 mar.- Carlos Pena, el asesor de la Plataforma CAM, asociación que agrupa a afectados por los productos "tóxicos" de esta entidad, ha atribuido hoy al Banco de España "el gran fallo" sobre las cuotas participativas, ya que "no debió permitir" que se creara el Banco CAM sin antes cancelarlas.

Pena ha comparecido en la comisión de Las Cortes valencianas que investiga la intervención de la CAM por el Banco de España en nombre de esta plataforma que agrupa a mil personas, de las que 700 se han integrado en la demanda colectiva penal ante la Audiencia Nacional, y que no tiene personalidad jurídica para que "no vaya contra ella" el "poder bancario".

Según ha dicho, las cuotas participativas valían en ese momento 238 millones, por lo que se habrían tenido que liquidar y devolver el dinero a la gente antes de crear el Banco CAM, y ha considerado que otro "fallo" fue el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debería haber suspendido su cotización cuando se segregaron las cuotas hacia el pasivo, no seis meses después.

"Era como emitir billetes de euro sin ningún tipo de respaldo; para mí son billetes falsos", ha dicho Pena, quien ha confesado que adquirió diez cuotas participativas y ha explicado que 55.000 personas se vieron afectadas por ellas, que además se emitieron cuando la CAM estaba "ya en pérdidas" y por tanto no podía hacerlo.

Para Pena, con 70 u 80 millones de euros se pagaría la mayoría de las cuotas participativas en manos de particulares y de personas de más de 70 años, que deberían tener "la misma protección que un menor, porque están en la plenitud de su vida" y ya no pueden salir a trabajar para recuperar el dinero perdido.

Ha pedido que se usen los fondos de la Fundación CAM para devolver el dinero de las cuotas participativas a la gente que invirtió 6.000 euros o menos, a la que no compensa el coste de la demanda.

Además, ha apuntado a "cierta culpabilidad" de la Generalitat, a la que la CAM hizo un préstamo de 200 millones de euros tres días antes de la intervención, y ha asegurado que "cinco o seis personas manejaban" la Caja y el que estaba en desacuerdo "iba a la calle".

Pena ha reivindicado que esta plataforma se sumó a la denuncia que puso ante la Audiencia Nacional de forma particular el abogado Diego de Ramón, para el que trabaja, y ha sostenido que la vía penal es más corta y conlleva muchos menos gastos.

También ha comparecido Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de CAM (AIVCAM), impulsada en 2009 "por sectores del soberanismo valenciano republicano", quien ha pedido ayuda a la Generalitat para canalizar a los pequeños accionistas valencianos y murcianos, que representan al 30 % del total.

Baeta, del partido República Valenciana, ha dicho que compró mil cuotas participativas porque quería vincularse a la CAM al entender que "vertebraba el país", pero ha asegurado que la mayoría de la gente fue "inducida" a comprarlas, pues se vendían con "frivolidad" y "un poco en plan gitano, dame algo", en una "especie de chantaje" cuando se pedía un préstamo.

Según Baeta, la "patata ya no caliente, sino podrida" de las cuotas participativas en el último capítulo de la "programada demolición" de la Caja está ahora en manos de los cinco representantes nombrados por la Generalitat para gestionar la fundación.