El ambiente en el seno de los cuerpos policiales de Madrid está caldeado. Una asociación de policías municipales ha decidido pasar a la acción e interponer una querella contra los detenidos por los incidentes del 22M y contra los organizadores de las manifestaciones que confluyeron en la madrileña plaza de Colón el pasado sábado.
En concreto, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) presentará mañana su demanda en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que dirige las diligencias de investigación, contra la veintena de arrestados –la mayoría ya en libertad con cargos– por los delitos de "atentado, lesiones y daños" y contra "organizadores, promotores o convocantes de la manifestación (...) portavoces de sindicatos, asociaciones, colectivos y plataformas que participaron" en las denominadas marchas por la Dignidad.
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En el escrito que presentará APMU, la asociación asegura que varios manifestantes actuaron con "brutalidad e ira inusitada" contra los miembros de las fuerzas de seguridad, contra quienes "lanzan botellas, piedras, petardos", además de "utilizar armas e instrumentos peligrosos" que provocan heridas a 67 policías. Además, señala que los funcionarios tuvieron que ser atendidos en las instalaciones de campaña del Samur tras presentar "caras ensangrentadas y disminucion del nivel de conciencia".
El escrito detalla la actitud de algunos manifestantes que no fueron detenidos.Hubo quien "incluso" llegó a "increpar a los trabajadores del Samur" con el fin de que éstos "no atendiesen a los policías heridos" mediante gritos como "dejadlos morir". También, señala el escrito, desde la masa se aplaudía "cada vez que entraba un agente herido". Según APMU, hubo quien hasta "arrojó un petardo junto al puesto sanitario", que necesitó "un cordón policial" para que los médicos pudieran seguir trabajando con un mínimo de seguridad.
Los demandantes justifican que la querella vaya también contra los organizadores porque, en su opinión, éstos no hicieron nada por parar los ataques. Según la Ley 9/1983, argumenta la asociación, los promotores de manifestaciones tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que éstas transcurran ordenadamente. "Este deber (...) hace a tales organizaciones responsables de aquellos resultados dañosos vinculados a su conducta omisiva, en la medida en que infringen el deber de actuar e impedir el daño", arguye el denunciante.
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Los organizadores, continúa la querella, no solo no han empleado "medios" para tratar de que cesaran los ataques, sino que "incluso han alentado ese enfrentamiento". Además, añade, "hasta la fecha ninguna plataforma que ha integrado la manifestación ha condenado la brutalidad empleada por parte de los manifestantes".
Se trata de la primera agrupación de agentes que cumple su promesa de interponer acciones legales. También han anunciado su intención de personarse en la causa el Colectivo Profesional de Policía Municipal, el Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía, aunque estos últimos aún no han realizado los trámites judiciales.
Durante los incidentes, 67 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal fueron heridos de distinta consideración, además de una treintena de manifestantes. Las fuerzas de seguridad se incautaron de bates, punzones, armas blancas y otros elementos utilizados por los grupos radicales que se colaron en las concentraciones y que se enfrentaron a la Policía después de la manifestación.
Los incidentes han dado lugar a la protesta masiva de los miembros de las Unidades de Intervención Policial, que por boca de los sindicatos policiales acusan a los mandos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de descoordinación y falta de profesionalidad en la ejecución del operativo que pretendía controlar la manifestación del 22M. Los antidisturbios se han concentrado y volverán a hacerlo mañana ante las puertas de la sede del departamento para solicitar responsabilidades.
La Dirección General de la Policía, por su parte, ha abierto una investigación interna con el fin de aclarar los hechos y dirimir si realmente se puede señalar a algún culpable. La mayoría de los sindicatos policiales apuntan al comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, como principal responsable de los errores que se cometieron por parte de la Policía.
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