Lisboa, 16 ago.- El Tesoro luso anunció hoy la convocatoria de una nueva emisión de deuda a corto plazo para la próxima semana, en la que pretende colocar entre 750 y mil millones de euros en bonos.
De esta forma, la del miércoles 21 de agosto será la subasta de menor importe de todo el ejercicio 2013, y en ella se venderán títulos con vencimiento a tres meses y un año.
El objetivo de Portugal volverá a ser el de lograr rebajar las tasas de interés exigidas por los inversores para comprar su deuda, que en el último precedente a estos mismos plazos se situó en el 0,74 y el 1,72 %, respectivamente.
El país, bajo la asistencia financiera de la UE y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, tiene previsto compaginar este tipo de emisiones de títulos a corto plazo con otras a largo plazo -es decir, con vencimiento superior a 18 meses- de aquí a final de año.
El rescate luso, de 78.000 millones de euros, permitió a Portugal cubrir sus necesidades financieras durante estos años sin necesidad de subastar deuda de este tipo y evitar así la elevada penalización que exigían los inversores debido a las dudas en torno a su futuro.
Sin embargo, el préstamo termina a mediados de 2014, por lo que el país necesita volver a emitir obligaciones a tasas sostenibles para no tener que solicitar nuevamente la ayuda internacional.
Mientras, en el mercado secundario -donde los inversores intercambian títulos adquiridos en subasta pública- la deuda lusa a largo plazo presenta síntomas de estabilización.
Hoy sus obligaciones a diez años cotizaban al 6,4 %, a cinco años al 5,8 % y a dos años al 3,6 %, cifras muy similares a las de las últimas semanas, después de que a principios de julio los intereses se disparasen por la incertidumbre creada con la crisis de Gobierno, finalmente resuelta.
A pesar de que estas tasas son sensiblemente más bajas que las que presentaba Portugal anteriormente, los analistas -que observan el mercado secundario como indicador- las consideran todavía demasiado elevadas y mantienen sus reservas sobre la capacidad del país para garantizar sus compromisos financieros de forma independiente.
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