Lisboa, 9 abr.- El Gobierno portugués avanzó hoy con su primera medida concreta para contrarrestar el revés del Tribunal Constitucional a los presupuestos y decidió congelar el gasto público mientras aguarda una nueva evaluación de la troika.
El Ejecutivo luso, de signo conservador, prohibió de forma tajante a todas las administraciones desembolsos que no estuvieran previstos o superen las partidas presupuestadas y condicionó a un permiso especial del Ministerio de Finanzas cualquier nuevo pago.
El primer ministro Pedro Passos Coelho activó así un extremo control de gastos para aplicar con rigor sus medidas de austeridad, a la espera de la llegada de los técnicos de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los organismos prestatarios de su rescate financiero de 78.000 millones de euros.
La troika, que integran el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), deberá aprobar los nuevos ajustes que prepara el Ejecutivo para compensar los anulados por el fallo del Constitucional, cuyo impacto en el presupuesto se cifra en 1.300 millones de euros.
Un despacho firmado por el titular de Finanzas, Vítor Gaspar, considerado el principal garante del programa de austeridad, precisa que la restricción sobre los nuevos pagos en el sector público se mantendrá hasta "nueva orden".
De esta prohibición se salvan únicamente tres tipos de gastos: los pagos comunes a los trabajadores, los obligados por contratos en ejecución -categoría que incluye facturas como las de luz o agua- así como las costas judiciales de procesos en marcha.
El Gobierno de Passos Coelho, en el poder desde junio de 2011, ya adoptó medidas similares anteriormente que generaron muchas críticas.
Falta de papel en comisarías, vehículos de servicios públicos que sólo se lavaban con el agua de la lluvia o ausencia de tinta en las impresoras de la Administración fueron algunos de los problemas cotidianos que se enfrentaron entonces, según denunciaron trabajadores y sindicatos.
A esta fiscalización extrema del gasto público se sumarán más cortes en educación, sanidad, Seguridad Social y empresas públicas, según anticipó Passos Coelho en un discurso a la nación el domingo, en el que arremetió contra el Constitucional y le acuso de poner en riesgo la estabilidad financiera de Portugal.
El Tribunal consideró ilegales la supresión de una paga extra a funcionarios y jubilados, así como la disminución de los subsidios de desempleo y enfermedad, medidas todas ellas recogidas en los presupuestos de 2013.
Esa sentencia llevará al Gobierno conservador a adoptar nuevos recortes en los servicios del Estado, una vez que el primer ministro descartó tajantemente volver a aumentar los impuestos.
De los ajustes depende el apoyo financiero de la troika, cuya aprobación es imprescindible para que sea liberado un nuevo tramo del rescate financiero, el séptimo, de 2.000 millones de euros.
Las obligadas alteraciones en los presupuestos se producen cuando el país se prepara a emitir deuda a largo plazo -obligaciones- con regularidad, ante el agotamiento de los fondos del rescate a finales de este año.
El préstamo concedido por la UE y el FMI hace dos años ha permitido a Portugal no tener que subastar deuda a largo plazo hasta ahora y garantizar financiación a tasas de interés inferiores a las del mercado.
El calendario de emisiones del segundo trimestre de este año, divulgado hoy, no incluye subastas de obligaciones, aunque sí tres de deuda a corto plazo por valor de entre 4.500 y 5.250 millones de euros.
La primera de las emisiones será el 17 de abril y permitirá al país comprobar la reacción de los inversores al nuevo problema presupuestario del Gobierno.
Por el momento, en el mercado secundario -donde cotizan los títulos adquiridos en emisiones públicas- la presión se mantiene en niveles similares a los de la semana pasada, con las obligaciones lusas a 10 años en un 6,5 % de interés.
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