Las ampollas levantadas por la reforma de la pensiones, que busca elevar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar a toda la vida laboral la base para calcular la pensión (actualmente son los últimos 15 años), ha salpicado a sus propios promotores, el Gobierno, que como todos los altos cargos de la administración goza de unos privilegios inimaginables para el resto de los trabajadores en materia de pensiones.
En concreto, todos los parlamentarios y senadores tienen derecho a percibir la pensión máxima con la única condición de haber permanecido once años en su escaño, y con apenas siete pueden beneficiarse del 80%, frente a los 15 años mínimos que debe cotizar cualquier español bajo el reglamento actual y que se ampliarán, si sale adelante la reforma, a toda la vida laboral, ya que la propuesta contempla que la pensión de cada trabajador esté ligada a todos los años cotizados. Y éstos pueden llegar a sumar una media de 44 años.
Una desigualdad de condiciones que anoche dijo haber conocido por primera vez el líder el Partido Popular, Mariano Rajoy: "Desconozco si los diputados tienen derecho a la jubilación con dos legislaturas. Yo llevo cotizando a la Seguridad social desde los 23 años. Pero, efectivamente, creo que las reglas de juego deberían de ser iguales para todos", aseguró ante los micrófonos de Onda Cero.
José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, también se ha mostrado dispuesto a hablar de las pensiones y, en declaraciones a TVE, a la pregunta de si se revisarán los privilegios de los ministros,secretarios de Estado y parlamentarios, ha respondido estar dispuesto "a corregir esta situación".
"No hablemos sólo de una cosa. Hablemos de todo. Yo estoy dispuesto hablar de todo, asumiendo errores", ha puntualizado, tras defender la necesidad de prolongar la edad de jubilación, hasta el punto de asegurar que, si fuera representante de los trabajadores, "sería el que más estaría aplaudiendo esta medida".
El revuelo desatado por la noticia ha dejado ya sus primeras reacciones entre los parlamentarios. Isabel López i Chamosa, diputada del PSOE en el Pacto de Toledo, ha explicado hoy en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que en 32 años esta medida sólo se ha aplicado a dos diputados.
Este argumento podría utilizarse como un motivo más para erradicar el marco especial de los políticos: si nadie se beneficia de este privilegio, ni tiene intención de hacerlo, ¿por qué no se elimina?
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