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Los pueblos sin internet o con conexión lenta pueden pedir el servicio por satélite

Hispasat (Redeia) es el encargado de prestar este servicio de internet de banda a una velocidad de, al menos, 100 megabits por segundo (mbps) a 35 euros destinada a zonas sin acceso a redes de al menos 50 Mpbs.

Los pueblos sin internet o con conexión lenta pueden pedir el servicio por satélite
Los pueblos sin internet o con conexión lenta pueden pedir el servicio por satélite
Europa Press

Los pueblos de las zonas rurales sin acceso a internet o con velocidades lentas, el caso se estima de unos cuatro millones de unidades inmobiliarias, podrán desde este lunes solicitar el servicio de internet de banda a velocidad de al menos 100 megabits por segundo (mbps) a 35 euros, según ha informado Efe.  Un servicio que se ha puesto en marcha después de que el Ministerio de Asuntos Económicos adjudicara por 76,3 millones de euros a Hispasat la convocatoria de ayudas Único Demanda Rural, que garantiza el acceso a una conexión de banda ancha de al menos 100 Mbps y a un precio de 35 euros mensuales para los usuarios de zonas sin acceso a redes de al menos 50 Mpbs.

El encargado de actuar como mayorista será Hispasat, el operador de satélites de Redeia. En el caso de que lo soliciten ciudadanos particulares, esto deberán dirigirse directamente a las operadoras. En concreto, más de una veintena de operadores de telecomunicaciones han suscrito un acuerdo con Hispasat para ejecutar este servicio, según las fuentes de la compañía de satélites, que han explicado que están casi todas las operadoras adheridas, pero no todas, y que el programa sigue abierto para que se una el resto.

La tarifa regulada para el usuario final de este servicio será de 35 euros mensuales por un servicio de al menos 100 Mbps hasta el 31 de diciembre de 2027. Hispasat ha desplegado las infraestructuras necesarias para proveer el servicio y sufragará el coste de instalación y adquisición de equipamiento asociado al alta del usuario. 

Al principio se estimaba un número de beneficiarios más modesto, de más de 1,3 millones de hogares y empresas en todo el territorio español. Si bien esta cifra se ha incrementado hasta los 4 millones de unidades inmobiliarias.

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