Un fallo masivo en la imprenta se ha convertido en una auténtica pesadilla para Banco Santander. La entidad presidida por Emilio Botín envió por error, el pasado 18 de diciembre, 22.643 cartas dirigidas a sus clientes a otras direcciones.
Cuando detectó el fallo, el banco lo puso en conocimiento de la autoridad financiera británica (FSA) y contactó con sus clientes para, además de pedirles disculpas, informarles de lo ocurrido.
Sin embargo, esto no parece suficiente para la Oficina de Información (ICO, según sus siglas en inglés) que ha abierto una investigación contra la entidad española, por lo que considera un atentado contra la Ley de Protección de Datos.
Según la información facilitada por Santander UK a la FSA, las misivas del escándalo constaban de tres folios. El primero se envió a sus correspondientes titulares, pero los dos siguientes se remitieron a otros clientes del banco.
La filial británica del banco español, ahora dirigida por Ana Patricia Botín, insiste en que los datos de los clientes destapados son insuficientes para cometer fraude. No obstante, según la prensa británica, entre la información filtrada están los nombres de los titulares y sus números de cuenta.
La entidad ha dado orden a todas sus sucursales de reforzar los controles de seguridad y de pedir a todos los clientes información adicional para evitar que puedan derivarse fraudes de este error.
A pesar de que Santander achaca el fallo a la imprenta que tiene subcontratada para este tipo de envíos, la Oficina de Información asegura que "conforme a la Ley de Protección de Datos, las organizaciones que procesan información personal tienen la obligación de mantenerlo seguro".
Dicho de otro modo, ICO considera que la entidad debe responder por haber faltado a su obligación de proteger los datos personales de los clientes. Una gota más que amenaza con rebosar el vaso del organismo, que en los últimos años ha endurecido su postura ante este tipo de negligencias.
La Oficina de Información tiene potestad para imponer a las empresas multas de hasta medio millón de libras (588.000 millones de euros) por este tipo de errores.
Además, la FSA puede elevar estos castigos, como demostró el pasado agosto, cuando multó con dos millones de libras a la aseguradora Zurich por perder datos de clientes.
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