Rsc. Bruselas quiere que el voto de los accionistas sobre retribuciones sea vinculante

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete de medidas para la mejora del gobierno corporativo de las empresas cotizadas europeas, entre las que se incluye la votación vinculante de las políticas de retribuciones en las juntas generales de accionistas.
Para Bruselas, existe actualmente una insuficiencia entre remuneración y resultados de gestión, lo que fomenta una tendencia perjudicial a las decisiones a corto plazo. En este sentido, las propuestas obligarían a las empresas a divulgar información de forma clara, contrastable y completa sobre sus políticas de remuneración y sobre cómo se han llevado a la práctica.
En cualquier caso, no se establecerá un límite máximo vinculante en materia de remuneraciones a escala de la Unión Europea, pero la política de remuneraciones de cada empresa tendría que someterse a una votación vinculante por parte de los accionistas.
Respecto a las políticas de retribuciones, deberían incluir un nivel máximo para las remuneraciones de los directivos. Además, tendrían que explicar cómo contribuye a los intereses a largo plazo y a la viabilidad de la empresa. Al mismo tiempo, debería dar información sobre de qué modo se han tenido en cuenta, al establecer las políticas, las condiciones de remuneración y de trabajo de los empleados de la empresa, incluida la explicación de la relación entre la media de los sueldos de los empleados y la de los directivos.
La Comisión señala que la propuesta de revisión de la vigente directiva sobre los derechos de los accionistas aborda también las deficiencias que se producen en la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y sus consejos de administración, accionistas (inversores institucionales y gestores de activos), intermediarios y asesores de voto.
Así, se busca facilitar a los accionistas la utilización de sus derechos vigentes en relación con las empresas y potenciar dichos derechos cuando fuera necesario. De esta forma, se quiere garantizar que los accionistas participen más y controlen mejor la gestión de la sociedad para tener en cuenta y actuar en favor de los intereses a largo plazo de la empresa.
Por otro lado, en cuanto a inversores institucionales y gestores de activos, se introducen requisitos adicionales de transparencia en sus políticas de inversión y de participación en relación con las empresas en las que invierten, así como un marco para facilitar la identificación de los accionistas a fin de que estos puedan ejercer más fácilmente sus derechos, en particular en situaciones transfronterizas. Los asesores de voto tendrían que utilizar métodos más transparentes para preparar sus recomendaciones de voto y gestionar los conflictos de intereses.