Rsc. Ciu propone la obligación de informar sobre aspectos no financieros para las empresas

Convergencia i Unió ha presentado una enmienda al proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo por la que se propone la obligación de informar sobre aspectos no financieros para las empresas de más de 500 empleados.
En concreto, el grupo catalán considera que este tipo de empresas, de interés general, tendrían que incluir un estado no financiero en su informe de gestión de acuerdo con el texto al que ha tenido acceso Servimedia.
Con esta obligación legal se quieren conocer los aspectos que permitan comprender la evolución de los negocios, los resultados y la situación de la empresa, así como el “impacto de su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales”, además de las relativas al personal, al respeto de los derechos humanos, a la diversidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación, y a la lucha contra la corrupción y el soborno”.
Además, las empresas tendrán que publicar una descripción de las políticas que aplican en relación con dichas cuestiones y que incluya los procedimientos de diligencia debida aplicados, así como sus resultados y objetivos. En concreto se especifican que han de informar sobre temas de diversidad e igualdad de oportunidades como son las variables de discapacidad, género, edad, y origen entre otros.
También deberán incluir los principales riesgos relacionadas con esas cuestiones vinculadas a las actividades de la empresa, los indicadores clave de los resultados no financieros. En el caso de que “no aplique ninguna política” en relación con estos puntos, las compañías deberán ofrecer una explicación motivada y clara.
Las entidades que elaboren un informe de responsabilidad social corporativa y sea publicado junto con el informe financiero, o lo largo de un plazo no superior a los seis meses, quedarán exentas de su inclusión en el informe de gestión tal como propone la enmienda. En cualquier caso deberá ser una información verificada por un tercero independiente, y la verificación deberá dar como resultado una notificación que se envíe a los accionistas o socios.
Por último, se propone que el Gobierno presente cada tres años un informe en el Congreso de los diputados sobre la aplicación por las empresas de las obligaciones mencionadas.