La Comisión de Vivienda del Senado ha aprobado este lunes una moción para suprimir la obligación de fijar el día y la hora exactos en los lanzamientos de viviendas y otra para eliminar los mecanismos de intervención estatal en los precios del alquiler. Las medidas, presentadas por el Partido Popular, chocan directamente con la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, con el apoyo de ERC y EH Bildu, en la pasada legislatura.
El PP, que cuenta con la fuerza de la mayoría absoluta en la cámara, asegura que la notificación de fecha y hora en los levantamientos supone "poner más trabas a los desahucios de la gente que no paga y proteger a los delincuentes, cuando se debería proteger a los propietarios". Según asegura el senador 'popular', José Manuel Vázquez, esta iniciativa "no va contra las familias ni afecta a las personas vulnerables con problemas de hogar y habitabilidad".
Los partidos opositores han criticado duramente la moción. Jordi Gasebni, perteneciente a ERC, considera que el PP está "metiendo en el mismo saco a las familias vulnerables y los delincuentes". Como portavoz del PSOE, Carmen Torralba, ha explicado que en otros países europeos la legislación establece esta obligatoriedad que "permite mejorar la planificación y organización tanto al inquilino como al propietario".
De acuerdo a José Manuel Vázquez, esta primera moción ha contado con el apoyo de Vox "sin ningún tipo de reserva". Sin embargo, el partido conservador ha decidido abstenerse en la segunda moción, que insta al Gobierno a eliminar la intervención en el mercado del alquiler. La negativa se ha dado tras un rechazo por parte del PP de la enmienda presentada por el representante de Vox. Por otro lado, José Ramón Díez de Revenga, senador del PP, ha expresado su rechazo hacia algunas medidas "hiperventiladas" de la enmienda, como la de "acabar con la llamada nueva Bauhaus europea que impulsan los burócratas de Bruselas con la coartada del fanatismo climático".
Una tercera moción ha sido aprobada durante el pleno. Con el apoyo de Vox, los votos en contra de PSOE y ERC, y la abstención del PNV, esta nueva propuesta exige al Gobierno a incentivar la puesta de viviendas en alquiler en el mercado.
Falta de consenso
De acuerdo con la ley de vivienda, las comunidades autónomas son las que tienen el poder para declarar un municipio como zona de mercado residencial tensionado, y poder así aplicar las limitaciones del índice de precios de alquiler correspondientes. La medida está provocando ahora conflictos entre algunos municipios con la administración autónoma. Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como los de Getafe, Parla, Alcorcón y Ciempozuelos, han solicitado dichas declaraciones, pero no han obtenido respuesta por parte del Gobierno regional del PP.
Para el socialista José Javier Izquierdo, se debe "buscar una solución para ese bloqueo" y delegar en el Gobierno central el asunto de las comunidades autónomas. En respuesta, Paloma Martín del Partido Popular ha recordado que el desacuerdo de su partido con la Ley de Vivienda es "absoluto" y que el Tribunal Constitucional ya ha aprobado a trámite varios recursos contra el texto, aprobado hace nueve meses.
La comisión ha rechazado también una iniciativa de ERC para hacer cumplir las recomendaciones sobre la vivienda que plasmó la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe de abril de 2023 sobre España.
