El Partido Popular ha cumplido su amenaza y ha votado en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria -los límites de déficit y deuda para las distintas administraciones públicas- en el Senado. Este trámite supone un paso esencial para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, la ley económica más importante que tiene sobre la mesa el Ejecutivo de Pedro Sánchez de cara a que la legislatura pueda prosperar. Esto obliga al Gobierno a aprobarla de nuevo en Consejo de Ministros para volver a someterla a debate y votación de los grupos en ambas cámaras antes de un mes, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
El PP condicionó su voto favorable a tres exigencias, que pasaban por una rebaja de impuestos (deflactación de la tarifa de IRPF y reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), a un reparto más equilibrado de esos topes de déficit con las comunidades autónomas y a la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que los populares no llegaron a cuantificar. Estas exigencias hacen "inviable" la negociación, advirtió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Durante su intervención en la Cámara Alta para defender la senda de estabilidad y presentar el techo de gasto o límite de gasto no financiero para 2024, Montero ha recordado que de no salir adelante los nuevos topes las cuentas se elaborarán con los objetivos que se incluyeron en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril, conforme a lo que establece un informe de la Abogacía del Estado en poder de su departamento.
Con la nueva senda de estabilidad, el Estado endurece su tope de déficit del 3 al 2,7% del PIB de cara a este año y reparte esas tres décimas entre las comunidades autónomas y las entidades locales. Las autonomías podrían cerrar con un agujero del 0,1% y no con el equilibrio (déficit cero) que se les exigía hace unos meses. Mientras, los ayuntamientos podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, como se estableció en abril.
"Se equivocan si creen que sin estos objetivos no vamos a aprobar los Presupuestos", ha incidido Montero, quien ha retado a los populares a que expliquen a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde actualmente gobiernan que se están pronunciando en contra de unos límites que les son más favorables.
Unas cuentas que se enfrentan al fuego enemigo... y al amigo
En todo caso, las cuentas públicas para este año tampoco tienen asegurado, al menos de momento, el apoyo de Junts. La formación independentistas votó en contra de la validación de la ley de amnistía, promovida por el PSOE y por sus socios para beneficiar a los líderes condenados y encausados por el proceso independentista en Cataluña a exigencia de Junts y ERC. El partido de Carles Puigdemont dejó claro que hasta que no haya un texto que satisfaga sus expectativas, no apoyarán los presupuestos de este año.
Tampoco está garantizado el respaldo de los diputados de Podemos, que con su voto en contra ya tumbaron la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del subsidio de paro, un texto clave para poder recibir el cuarto desembolso completo de los fondos Next Generation. Con su decisión, los representantes de la formación morada apuntaron también a ese escenario de negociaciones más tensas y dilatadas de lo que podía haber contemplado en un primer momento el Ejecutivo.
La situación es tal que quien fuera hasta hace un mes vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió la pasada semana de que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en España "es importante" en la medida en que son "el instrumento para canalizar" los fondos europeos NGEU. Lo dijo desde su cargo actual como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), brazo financiero de la Unión Europea.
Este mes se inician las negociaciones para la quita de deuda
A la vez que trabaja en la elaboración de las cuentas del año que viene, el ministerio de Hacienda tiene previsto iniciar este mes las conversaciones con las autonomías sobre la condonación de una parte de la deuda que tienen contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Las negociaciones, que serán bilaterales, las llevarán a cabo técnicos del departamento que encabeza Montero.
Este tema, que forma parte del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que el PSOE firmó con ERC, también supone un punto de fricción con los populares. El partido capitaneado por Alberto Núñez-Feijóo reclama que cualquier quita de la deuda autonómica se negocie con luz y taquígrafos a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
