Sniace busca un socio inversor para compensar los efectos del céntimo verde

Torrelavega (Cantabria), 30 ene.- El presidente de Sniace, Blas Mezquita, ha anunciado al comité de empresa que la compañía quiere buscar un socio inversor al que vender la producción de fibra ignífuga o aumentar la de celulosa para compensar los efectos de la nueva fiscalidad, en especial, del denominado céntimo verde.

Tras la reunión con Mezquita, el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, ha asegurado a Efe que la decisión "aún no está tomada", ya que se continúa estudiando otras posibilidades, aunque todas ellas pasan por buscar primero una solución a la entrada en vigor del impuesto.

Según ha asegurado, Mezquita ha trasladado al comité las dificultades de encontrar algún socio que invierta en la empresa sin antes solucionar el problema del céntimo verde, que en las actuales condiciones supondría este año un coste cercano a los 9 millones de euros para Sniace.

Pérez Portilla ha recordado que Sniace comenzó hace unos dos años la producción de fibra ignífuga o resistente al fuego, y que en la actualidad es un mercado "con buenas posibilidades", pero la dirección de la empresa todavía se encuentra en la fase de estudio de la situación y de las posibles alternativas.

En este sentido, Mezquita ha informado al comité de que se están realizando "gestiones a todos los niveles" para buscar soluciones a la actual situación, aunque ha reconocido que todavía es pronto para aventurar algo al respecto de la decisión final.

Respecto a las reuniones del grupo de trabajo creado entre la empresa y el Gobierno cántabro, Mezquita ha informado al comité que en estos momentos las conversaciones se centran en aspectos como la depuración de las aguas por parte de Sniace o el pago del canon de saneamiento y su posible rebaja.

Por otra parte, Pérez Portilla ha recordado que la plantilla continuará con las movilizaciones, entre ellas la de este viernes, que incluirá una concentración ante las oficinas centrales, de 11.00 a 12.30 horas, y una asamblea de trabajadores.

Los trabajadores reclaman a la dirección una solución para acortar la duración del expediente de regulación de empleo (ERE), que comenzó hace dos semanas y que está previsto para seis meses, algo que el comité considera "abusivo".