Soria dice que hay que ser “sumamente respetuosos” con el caso castor

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló este martes en el Fórum Europa que, como en cualquier causa judicial, hay que ser “sumamente respetuosos” con el caso del almacén subterréaneo de gas Castor, por el que han resultado imputadas 18 personas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental.
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que sostuvo que, “como en cualquier tipo de causa o instrucción judicial, todos queremos ser sumamente respetuosos con las iniciativas de los jueces”.
Así se pronunció Soria después de que el juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén de gas Castor haya abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La Fiscalía dirige sus acusaciones contra los que eran responsables del Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.
Soria recordó que este almacenamiento subterráneo situado frente a las costas de Vinarós (Castellón) es “fruto” de una autorización administrativa de un real decreto de 2008 en un momento en que se estableció una “determinada planificación energética”.
En este sentido, el ministro indicó que, por dicha planificación había que impulsar almacenamientos subterráneos, oleoductos y regasificadoras, sin embargo, en los años posteriores, la evolución de la demanda de energía y de gas “no ha ido acorde con los objetivos de aquella planificación” por lo que actualmente hay “capacidad sobrante”.
En cualquier caso, el titular de Industria defendió que los pasos del Gobierno respecto al proyecto Castor han sido “todos muy claros”, al realizar una revisión a la baja de la retribución al 10% prevista en el decreto de autorización de 2008.
Además, el Consejo de Ministros declaró la lesividad de algunas cláusulas de dicho decreto y paralizó todo tipo de actividad como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados en la zona. En concreto, en septiembre de 2013, en el entorno del almacén de gas se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, de los que cuatro tuvieron una intensidad de 4 en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.
Así, el Ejecutivo autorizó en octubre del año pasado una indemnización de 1.350 millones de euros, tras aceptar la renuncia a la concesión de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS, y estableció la hibernación, por lo que prohibió la extracción o inyección de gas en el almacén. En consecuencia, Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
Por ello, apuntó Soria, hasta que los expertos no garanticen de forma “fehaciente” que no hay riesgos en su puesta en marcha, el almacén permanecerá en estado de hibernación y su actividad paralizada.