Susana Díaz pide "prudencia" al ser preguntada por el futuro de realojados

Sevilla, 11 abr.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha firmado un decreto para retirar las competencias a IU sobre adjudicación de vivienda pública tras el realojo de los vecinos de la corrala la Utopía, ha pedido "prudencia" al ser preguntada por el futuro de este colectivo.

Díaz ha acudido a la conferencia que pronunciará en Sevilla la cabeza de lista socialista a la elecciones europeas, Elena Valenciano, donde ha asegurado que la firma del decreto viene a confirmar su anuncio de ayer en los pasillos del Parlamento andaluz.

"Os anuncié ayer que lo iba a hacer y eso es lo que he hecho", ha destacado Díaz, quien ha insistido en su argumento de que es necesario "respetar el principio de igualdad, que tiene que ser compatible con el respeto al listado de espera de demandantes de vivienda. Hay que respetar la legalidad", ha dicho.

En el mismo acto, el expresidente José Antonio Griñán ha argumentado que "ninguno tiene la razón del todo" en este asunto, del que no ha querido emitir más opiniones porque ha afirmado: "No soy quién para decirlo, estoy fuera" y ha precisado que "el Gobierno ha funcionado bien".

Preguntado por si sería una tragedia adelantar las elecciones, Griñán ha subrayado que en democracia "no es una tragedia" un adelanto electoral.

El decreto de la presidenta pretende preservar la "normalidad legal" después de que la Consejería de Fomento y Vivienda, en aplicación de la ley de Vivienda, decidiera el realojo provisional de 10 familias en viviendas públicas y de otras 12 en alquileres privados en distintos barrios de Sevilla.

Todas ellas pertenecen a la denominada corrala La Utopía que fueron desalojadas por orden judicial el pasado domingo de un edificio propiedad de Ibercaja que habían ocupado hace unos dos años.

IU mantiene que la orden de desalojo dictada en febrero por la juez permite dar una solución temporal y excepcional a estas familias para que se trasladen a viviendas públicas y que lo hace en base a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y por la situación de exclusión social y con menores de las familias.

Los socialistas plantean que esta decisión no respeta la legalidad, ya que se salta el orden de preferencia de acceso a las casas públicas en Sevilla, donde aguardan unos miles de personas.