Telefónica contrata un despacho de abogados holandés para disolver Brasilcel

Madrid.- Telefónica ha contratado al despacho de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek, que asesoró a la operadora y a Portugal Telecom en la creación de Brasilcel -la sociedad conjunta que controla Vivo-, para avanzar en su disolución, según dijeron hoy a Efe fuentes conocedoras de la operación.

Tras extinguirse el pasado viernes la oferta de compra que presentó por la participación de Portugal Telecom (PT) en la compañía de móviles brasileña Vivo, la compañía española ha puesto en marcha su estrategia jurídica para seguir peleando por hacerse con el control de Vivo.

Para empezar, la empresa presidida por César Alierta ha contratado los servicios de este importante despacho de abogados, con sedes en Amsterdam, Londres, Nueva York y Pekín, que asesoró a las dos empresas en la creación de Brasilcel en 2001.

El objetivo es disolver esta sociedad holandesa, que las dos compañías controlan a partes iguales y propietaria del 60 por ciento de Vivo.

Entre las medidas a las que podría recurrir Telefónica está la de presentar una denuncia ante al Tribunal de Arbitraje de La Haya.

La multinacional española comunicó en la madrugada del viernes al sábado el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30 por ciento de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones de euros (9.295 millones de dólares).

El Gobierno de Portugal consideró insuficiente este monto, a pesar de haber incrementado en dos ocasiones la empresa española la propuesta inicial de 5.700 millones de euros.

La operación de compra del 30 por ciento de las acciones de la operadora brasileña Vivo arrancó el pasado mayo, cuando Telefónica ofertó 5.700 millones de euros (7.410 millones de dólares), una suma que PT consideró y que su Consejo de Administración rechazó.

Telefónica, entonces, subió la oferta a 6.500 millones de euros (8.450 millones de dólares) el 1 de junio.

Y poco antes de la Junta de Accionistas del 30 de ese mes la compañía española volvió a aumentar la oferta a 7.150 millones de euros, cantidad que fue del agrado del 73,9 por ciento de los accionistas de PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su "acción de oro".

El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal, el pasado día 8, la "acción de oro" ejercida por el Gobierno de Lisboa.

Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del 2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo.

El viernes pasado, fin del plazo del oferta, se evidenció que no habría acuerdo de compra al mantener el Gobierno portugués su negativa a aprobar la operación si la oferta de Telefónica no se mejoraba.

Desde la compañía española, que no aceptó prorrogar las negociaciones a la venta hasta el próximo día 28 de julio, reiteraron hoy que la oferta está "extinguida".