Tijeretazo eléctrico: las grandes ganan; las solares, tocadas

El sector eléctrico español puede respirar tranquilo. A pesar de que las utilities se tendrán que rascar el bolsillo para compensar la reforma del sistema eléctrico que ha aprobado el Gobierno -con la que pretende ahorrar 4.600 millones de euros hasta 2013-, los expertos confían en que las medidas apenas tengan un reflejo directo en bolsa.

Al menos, eso es lo que creen JP Morgan, Citigroup, JB Capital Markets, Banesto y Banco Sabadell, que aseguran que las medidas apenas afectarán a las cotizaciones de las empresas del sector y que serán necesarias más subidas en el precio de la luz para reducir la incertidumbre que las rodea.

Además, las firmas creen que las grandes eléctricas serán las vencedoras con estos cambios. Para empezar, porque la mayor parte de las medidas de reducción de costes (cerca de un 67%) recaen sobre el sector solar, mientras que tienen un impacto menor en las llamadas utilities integradas.

También porque el coste económico al que tendrá que hacer frente el sector es menor al que tendría que soportar si el Gobierno hubiera adoptado otras medidas alternativas, como un impuesto sobre la energía nuclear o la hidráulica.

A pesar de que las nuevas reformas obligan a las eléctricas a rascarse el bolsillo, JB Capital Markets opina que "los cambios son positivos porque mejoran la perspectiva regulatoria del sector en el corto plazo, lo que compensa un posible impacto negativo".

Banco Sabadell, por su parte, estima que las medidas "son buenas por el hecho de que ya se conozca un cambio regulatorio, lo que limitará sus efectos en el mercado". En cambio, puntualiza, "el valor más afectado podría ser Solaria", ya que el sector solar soportará más de dos terceras partes de las medidas.

Mientras, desde JP Morgan señalan que "las utilities tendrán que soportar un coste moderado (equivalente al 1,2% de sus beneficios netos) para ver una importante disminución del riesgo regulatorio para los próximos años. Por eso, el impacto debería ser insignificante, aunque las renovables podrían verse afectadas".

Banesto también dice que "el impacto de las medidas en las utilities integradas (Endesa, Gas Natural e Iberdrola) será muy poco significativo, nulo en Red Eléctrica y Enagás, y prácticamente nulo en las renovables (Iberdrola Renovables y Acciona)".

Iberdrola sigue siendo la mejor apuesta

A pesar de que el sector europeo de las utilities ha sido el segundo más débil de la bolsa europea en 2010, Iberdrola es una buena apuesta. Javier Alfayate, editor de Acciones de Bolsa, dice de la compañía que "es la más interesante técnicamente hablando y la que menos ha caído en las últimas 52 semanas. Además de ser uno de los grandes valores de nuestra bolsa, le está ayudando la entrada de ACS en su capital". 

No hay más que echar un vistazo a la evolución de las utilities españolas para comprobarlo. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán acumula una caída anual del 7%, muy similar a lo que ha retrocedido Red Eléctrica, y la mitad de lo que se ha dejado Endesa.

Gas Natural, por su parte, ha perdido cerca de un 21%, aunque hay un abismo entre las eléctricas convencionales y las renovables, que no convencen a los inversores. ¿La prueba? Acciona se ha desplomado un 42% en un año, Fersa un 48% y Solaria un 49%.

En qué consiste la reforma

La reforma, aprobada el 23 de diciembre, contempla cambios en la regulación eléctrica para reducir 4.600 millones en costes hasta 2013, fecha que se ha marcado para eliminar el déficit de tarifa eléctrica. Este déficit es la diferencia entre lo que pagamos por la electricidad y lo que les cuesta a las compañías producirla. Para que las eléctricas no quiebren, el Gobierno financia ese déficit, que se acaba convirtiendo en deuda del estado y luego se vende en el mercado.

Para eliminarlo, la reciente normativa obliga a las empresas a asumir los costes de los planes de ahorro y eficiencia energética (hasta ahora soportados por la tarifa), a pagar un impuesto en la generación de esta energía y a financiar el bono social hasta 2013, un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los consumidores.