Tráfico. Víctimas de accidentes piden al gobierno que apruebe la reforma del sistema de valoración de daños

Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico Aesleme, Federación Aspaym, Fedace, PAT, Stop Accidentes, y Predif han pedido este viernes al Gobierno la aprobación urgente del proyecto de ley de reforma del baremo, que actualizará el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Las asociaciones muestran su “preocupación” y “desilusión”, tras no tratarse la “prometida” reforma del baremo en el Consejo de Ministros celebrado hoy. “Es imprescindible que entre en vigor el próximo 1 de enero, y por ello, debemos de solicitar al Gobierno que se trate de forma urgente, pues las víctimas de los accidentes en España necesitan tener los mismo derechos que las víctimas de los accidentes en Europa”, destacan.
Los afectados por los accidentes de tráfico recuerdan que, “desde hace casi cuatro años”, una Comisión de Expertos, presidida por el catedrático Miquel Martín Casals, con participación de la Magistratura, Fiscalía, Abogacía, Sector Asegurador (Unespa), Consorcio de Compensación de Seguros y Asociaciones de Víctimas, trabaja en la creación de un nuevo sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, “alcanzándose un amplio consenso, que representa una evidente mejora, muy especialmente, para los derechos de los familiares de fallecidos y para grandes lesionados”.
Asimismo, apuntan que en el Congreso de los Diputados se aprobó el pasado mes de diciembre una proposición no de ley conjunta de PP, PSOE, CiU y PNV, en la que se solicitaba al Gobierno que se presentara ese proyecto de ley, que permita “adaptar el sistema a los principios de indemnidad y vertebración, para conseguir una mejora en la individualización el daño y que se atiendan a las circunstancias familiares, personales y económicas”.
Las asociaciones de afectados también critican que el actual baremo tiene “más de 20 años, ha quedado obsoleto, y no se sostiene, desde el momento en que no determina cómo se repara el daño patrimonial y sus cuantías distan mucho de las europeas”. Además, denuncian que “no tiene en cuenta la valoración del trabajo doméstico, ni la protección que merecen los menores ni otros aspectos que son fundamentales para la valoración del daño corporal.
“A pesar de la insistencia”, concluyen, “no hemos conseguido todavía que el traslade este proyecto de ley al Congreso de los Diputados, para que pueda ser aprobado sin falta y sin más dilaciones en esta legislatura”.