UGT admite ante el juez que se financió con las tarjetas black de Caja Madrid

El miembro de UGT Eduardo Torres Posada ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que utilizó su 'tarjeta black' de Caja Madrid para financiar la compra de octavillas, carteles y circulares que formaban parte de campañas puestas en marcha por el sindicato, informaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Torres Posada, que ha declarado como imputado en la causa en la que se investigan los plásticos opacos, ha señalado que todas las dietas que recibió entre 2001 y 2006 como miembro de la Comisión de Control de la caja madrileña también iban destinadas a una cuenta del sindicato y que todas las aportaciones contaban con el visto bueno de la Sección Sindical de Gastos y de la propia Ejecutiva Federal, que dirigía Cándido Méndez. "Estaba totalmente procedimentado", ha dicho.

El sindicalista, que se gastó en una imprenta de la calle Jacometrezo de Madrid casi 30.000 de los 82.300 euros que cargó a su 'tarjeta black', también ha admitido que utilizó la visa de la caja para sufragar el pago de comidas con empleados del sindicato, camisas, zapatos, gasolina, viajes y gastos de telefonía.UGT devolverá el dinero si hubo irregularidades

La Federación de Servicios de UGT recordó hoy que el sindicato ya informó de que los gastos que realizó Rafael Torres con las denominadas 'tarjetas black' de Caja Madrid correspondían a su actividad de representación, si bien indica que si se cometió alguna ilegalidad el sindicato está dispuesto a devolver el dinero.

En un comunicado, UGT explica que el pasado 6 de octubre de 2014 se convocó una rueda de prensa en la que se explicaba que la "mayoría" de los gastos que realizó Rafael Torres "correspondieron a la actividad de representación de los trabajadores y de los representantes sindicales de los órganos unitarios de Caja Madrid".

"Queremos manifestar que algunas informaciones, difundidas por los medios de comunicación y atribuidas a fuentes jurídicas sobre la declaración de Rafael Torres, no corresponden en ningún caso a la realidad", puntualiza.

No obstante, el sindicato reconoce que si el magistrado entiende que Rafael Torres "hubiera cometido alguna ilegalidad, la organización devolverá el dinero que el juez Fernando Andreu estime necesario".