Un país podrá llevar a otro ante el Tribunal de la UE por la regla de oro

Bruselas, 16 dic.- Un país de la UE puede llevar a otro ante el Tribunal de Justicia de la UE si considera que no ha consagrado adecuadamente la "regla de oro" en su Constitución, según el borrador del pacto fiscal, que prevé que el acuerdo entre en vigor una vez que nueve países del euro lo hayan ratificado.

Las negociaciones sobre el borrador comenzarán el próximo martes y una segunda reunión está fijada para la primera semana de enero.

La intención es que el texto final esté listo a finales de enero y que pueda ser firmado en marzo y después ratificado.

La idea es incluir a los 27 Estados miembros en el proceso de negociación, incluido aquellos que no lo firmen, aunque el Reino Unido, que se autoexcluyó del pacto fiscal, será un mero "observador", según fuentes europeas.

El pacto fiscal incluirá a los 17 países del euro y otros nueve Estados miembros de la UE que han expresado su intención de sumarse al "Acuerdo Internacional para una Unión Económica Reforzada".

El pacto entrará en vigor cuando nueve países del euro lo hayan ratificado -una mayoría simple de los 17 países de la eurozona, según consta en un primer borrador, y será vinculante para cada país una vez haya depositado el instrumento, lo que significa que un Estado puede demorarse o retrasar este paso.

Las fuentes admitieron que si un Estado miembro de la eurozona no ratifica el pacto, entonces legalmente no es vinculante, pero que políticamente hablando no sería "confortable" rechazar la ratificación durante mucho tiempo.

Los países que no comparten la moneda común pueden optar por someterse inmediatamente a las normas o esperar hasta que se incorporen al euro, que es el caso de la mayoría de los Estados que tienen previsto sumarse al pacto.

En cuanto al contenido del borrador, que consta de ocho páginas y 14 artículos, el artículo 8 señala que "cualquier parte contractual que considere que otra parte contractual ha incumplido el artículo 3(2) puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE".

El dictamen del Tribunal será vinculante y el país afectado debe tomar las medidas necesarias para cumplir el fallo dentro del periodo establecido por la Corte.

El texto se refiere a la "regla de oro" o freno de deuda, que los países firmantes se comprometen a incorporar en sus constituciones o legislaciones equivalentes.

El déficit estructural (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) no debe exceder el 0,5 % del PIB al año y en el artículo 3(2) consta además la obligación de que los países establezcan un mecanismo de corrección automático que se activará en caso de desviaciones significativas.

Este mecanismo debe ser definido a nivel nacional sobre la base de principios acordados conjuntamente e incluir la obligación de presentar un programa para corregir las desviaciones durante un periodo de tiempo establecido.

Según fuentes europeas, el pacto obliga a todos los países firmantes, no sólo de la eurozona, a limitar su déficit, aunque en el caso de los Estados que no comparten la moneda común se trata de un "compromiso político".

Las partes firmantes pueden incurrir temporalmente en déficit pero sólo para tener en cuenta el impacto presupuestario del ciclo económico y en casos excepcionales como en periodos de graves ralentizaciones económicas, siempre y cuando no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

Además, el borrador especifica que sólo aquellos países cuya deuda se encuentra "significativamente por debajo" del 60 % del PIB pueden superar el 0,5 %.

Cuando la deuda excede el 60 % del PIB, el país afectado tendrá que reducirla en un veinte por ciento cada año como media.

En cuanto a las sanciones por déficit excesivo (3 %), los países deben apoyar las recomendaciones de la Comisión Europea para sancionar a un Estado salvo una mayoría cualificada se oponga.

Los países sujetos a un procedimiento tendrán que elaborar un programa presupuestario y económico vinculante en el que detallen las reformas estructurales que acometerán para remediar el problema.

Según las fuentes, las sanciones no se aplicarán a los países que no están en el euro, dado que no hay base legal para ello.

Los Estados miembros deben informar a la Comisión Europea y al Consejo de sus planes de emisión de deuda antes de ejecutarlos.

Las partes firmantes quieren mejorar la cooperación en materia de gobernanza económica en asuntos esenciales para el buen funcionamiento de la eurozona, pero "sin socavar el mercado interior", un guiño al Reino Unido.

La intención de los países sigue siendo la de incorporar las medidas "cuanto antes" a los Tratados de la UE.

También establece que las cumbres del euro serán "informales" y deben celebrarse al menos dos veces al año.