Un polémico seguro blinda el patrimonio de los alcaldes frente a posibles reclamaciones

¿Ante qué tipo de situaciones querría asegurarse un ayuntamiento? Por ejemplo, los riesgos derivados de la posible cancelación de un evento organizado por el municpio, los riesgos para la vida o la salud de sus trabajadores más expuestos a accidentes laborales, los posibles accidentes y deterioros en su flota de vehículos... Esto sería lo habitual.

Para dar cobertura a éstos y otros riesgos cotidianos de la gestión municipal, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha ofrecido tradicionalmente a los ayuntamientos, a través de su Servicio de Seguros y Riesgos, distintas pólizas de diversa naturaleza.

Esta oferta aseguradora de corte tradicional está a punto de experimentar un salto cualitativo.

La Federación de Municipios ha comenzado a ofrecer a los ayuntamientos, a través de Willis Iberia, el broker que gestiona su oferta aseguradora, una nueva línea de pólizas orientada a proteger a las autoridades municipales frente a las demandas de responsabilidad patrimonial, civil e incluso penal a las que tengan que hacer frente como consecuencia del ejercicio de su cargo.

Este tipo de seguros es muy habitual en las grandes multinacionales, que los contratan para blindar los bienes personales de sus grandes ejecutivos frente a las eventuales demandas de responsabilidad patrimonial que sus decisiones pudieran generar entre los accionistas que se sientan perjudicados.

En el sector público, sin embargo, estas pólizas no han tenido mucho recorrido en España, aunque se ofrece desde 2009, según fuentes de AIG, la compañía que diseñó esta solución aseguradora.Más protección para los servidores públicos

¿Qué tipo de protección ofrece este seguro? La más relevante, y la más controvertida, es la que brinda desde el punto de vista patrimonial.

La póliza permite blindar el patrimonio personal del alcalde, o de cualquier otra autoridad o empleado municipal, frente a las demandas de responsabilidad patrimonial que le puedan caer por decisiones relacionadas con el ejercicio de su cargo.

La Ley de Bases del Régimen Local permite a un particular o al propio Ayuntamiento ir contra los bienes del cargo municipal en dos casos básicamente: cuando sus actuaciones hayan dañado los intereses de un tercero, dando lugar a una indemnización por parte de la Administración; o cuando hayan perjudicado de forma directa bienes o derechos municipales.

Las autoridades locales también pueden verse obligadas a responder con su peculio personal si una fiscalización del Tribunal de Cuentas detecta algún tipo de responsabilidad contable, por una denuncia de un particular o por una demanda del personal a su cargo, por actuaciones que puedan ser indebidas.

El seguro, según explica la FEMP en el último número de su publicación Carta Local, permite transferir al mercado asegurador los riesgos económicos derivados de esa eventual responsabilidad patrimonial, ya sea frente a la propia Administración Pública o frente a terceros.

Lo llamativo es que, en el fondo, el seguro da cobertura a actuaciones que la propia FEMP enuncia como "prácticas indebidas".

Es decir, que se ofrece a los ayuntamientos la contratación de una póliza para proteger a sus cargos y funcionarios por las posibles irregularidades que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones.

Las preguntas que surgen son : ¿Debe protegerse con fondos públicos (el seguro lo contrata el ayuntamiento, no las autoridades) el patrimonio personal de un servidor municipal, o un empleado, que ha sido sancionado por cometer una determinada irregularidad? ¿No supondrá este seguro un incentivo para actuaciones en el filo de la legalidad?

Desde el sector asegurador se matizan los riesgos. "Este tipo de póliza da cobertura a actuaciones negligentes, pero no a comportamientos corruptos o a desafíos explícitos de la legalidad vigente por razones políticas", aseguran fuentes del sector.

La póliza sí cubriría las consecuencias económicas de una decisión adoptada por los canales establecidos y con respaldo jurídico, que luego fuera declarada ilegal o que resultara en un daño o perjuicio indemnizable a un particular o al propio ayuntamiento.

No se activaría, por el contrario, en caso de que se demostrara que una actuación irregular se adoptó a sabiendas, en caso de que, de la misma, se desprendiera una sanción o multa por la Administración, por incumplir una norma de forma flagrante; o en caso de condena por comisión de delito.Fiscalización de actuaciones públicas

La FEMP, que aclara que en ningún caso recomienda a los ayuntamientos la contratación de esta póliza, sí justifica su incorporación a su oferta aseguradora por "la generalización de un cierto clima de incertidumbre sobre las actuaciones" de los servidores públicos y por la "creciente mentalidad de fiscalización" sobre las mismas.

Y lo explica como respuesta "al temor y preocupación del personal municipal" ante situaciones de reclamación de indemnizaciones o de privación de libertad por los daños y perjuicios causados a ciudadanos o entidades públicas en el desempeño de su labor profesional diaria.

No es sólo que los cargos o empleados municipales tengan que pagar con sus recursos personales los gastos de defensa, investigación o asistencia jurídica derivados de procesos abiertos contra ellos por el ejercicio de su cargo, subraya la FEMP, sino que también deben incurrir en gastos adicionales para reparar los daños a su imagen.

Esta nueva línea de seguros vendría, por tanto, a ofrecer una solución a estas nuevas amenazas, que se verán agravadas en el futuro más inmediato con el nuevo régimen de responsabilidades de los cargos públicos establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por la futura Ley de Transparencia.

Más allá de la cobertura en los casos en que se exija la responsabilidad patrimonial del alto cargo, esta modalidad de seguros cubre también los gastos de defensa y asistencia legal de la autoridad municipal, la constitución de fianzas o los gastos derivados de operaciones para restituir la imagen.