Un total de 18,5 millones de euros a las comunidades autónomas para luchar contra las drogas

El Consejo de Ministros aprobó este viernes los criterios de distribución para 2011 y los fondos que se transferirán a las comunidades autónomas para desarrollar los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, con cargo a los Presupuestos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
En total, se distribuirán 18.559.460 euros entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. País Vasco y Navarra financian estos fondos a través de su régimen especial.
Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa a la cabeza, al recibir unos fondos para la lucha contra las drogas de 3,02 millones de euros, seguida de Andalucía (2,96 millones), Cataluña (2,81), Comunidad Valenciana (1,61), Castilla y León (1,4) y Galicia (1,17 millones de euros).
El resto se reparte entre Castilla-La Mancha (865.624), Canarias (847.234 euros), Aragón (721.472 euros), Asturias (705.697), Murcia (629.384), Extremadura (592.391), Baleares (500.129), Cantabria (345.623), La Rioja (181.697), Ceuta (98.297) y Melilla (65.558 euros).
Los criterios de distribución de estas partidas fueron aprobados por el Pleno de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, el pasado 19 de enero, que reúne a la Delegación del Gobierno con representantes de otros departamentos de la Administración Central y de todas las Comunidades Autónomas.
El reparto de los créditos atiende, entre otros criterios, a la población de hecho, según el padrón oficial; el desarrollo de los programas de prevención, y el número de internos en instituciones penitenciarias en ese territorio.
Los fondos se destinarán al desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas; los programas de prevención del consumo de drogas enmarcados en la Estrategia Nacional sobre Drogas; el desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas, y programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales.