Montevideo, 18 feb.- El Gobierno de Uruguay negó hoy que la plantación legal de marihuana en el país para satisfacer la demanda interna a partir de la ley aprobada el año pasado vaya a ser un "riesgo", sobre todo si se compara con la cantidad de cannabis que se produce en Paraguay de forma ilegal.
"Es una locura plantear que el mercado de Uruguay puede implicar un riesgo cuando no se sabe cuántas hectáreas pueda tener plantadas Paraguay, pero se presume que son entre 8.000 y 10.000. ¡Acá ni se va a llegar a 10!", afirmó el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada.
En declaraciones exclusiva al diario uruguayo El País, publicadas este martes, Calzada rechazó así las críticas surgidas en algunos puntos de Suramérica sobre la ley uruguaya que en diciembre pasado despenalizó la producción y venta de esa droga, cuyo consumo es legal desde hace 40 años.
Calzada admitió que en la JND no descartan la posibilidad de que el narcotráfico intente boicotear la ley impulsada por el presidente José Mujica, pero aclaró que hasta el momento no tienen indicios de que algo así vaya a suceder.
"Hemos hecho un análisis de todos los riegos que existen y obviamente este es uno de ellos. Aunque hoy por hoy no tenemos indicios de que haya una actividad del narcotráfico que apunte a poner en riesgo el sistema, esto no es algo que se pueda descartar", argumentó.
El proyecto gubernamental dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.
Los consumidores podrán adquirir hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
El precio que se aplicará para que el producto sea competitivo frente al del mercado negro será de un dólar (0,63 euros) por gramo.
También en declaraciones a El País, el subdirector de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), Carlos Noria, explicó que "la idea es que los propios productores y clubes cannábicos tengan controlada su seguridad", aunque luego Calzada precisó que ese punto todavía no estaba definido.
Según Noria, los cultivadores serán sometidos a controles policiales y del Ministerio de Salud Pública (MSP) en sus plantaciones.
La Dgrtid -añadió- aconsejará a los expertos que preparan la reglamentación de la ley en torno a la seguridad de los cultivos y del transporte de la droga.
Por último, Calzada desestimó también la posibilidad de que el narcotráfico inunde el mercado con una marihuana más barata para derrumbar el plan oficialista.
"En la economía formal vos podés bajar los precios para posicionar mejor tu producto y después aumentarlo; pero, en el mercado ilegal, por sus propias reglas y debilidades, es difícil hacer esto", explicó.
La semana pasada, el Gobierno de Paraguay informó de la realización de un gran operativo antinarcóticos con apoyo de Brasil en la frontera común en el que ya se han destruido 52 hectáreas.
Paraguay es el segundo mayor productor de marihuana del mundo, tras México, con un volumen estimado de entre 30.000 y 48.000 toneladas de esa droga al año en una superficie de 5.000 a 8.000 hectáreas, con dos cosechas por año.
El 80 % de la marihuana consumida en Brasil es paraguaya.
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