Usuarios indebidamente acogidos a TUR pagarán por la luz 60 millones "de más"

Madrid, 15 dic.- Los usuarios indebidamente acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), en su mayoría organismos públicos, pagarán en sus recibos de la luz de 2013 recargos que suman unos 60 millones de euros como penalización por no haber pasado al mercado libre.

Según la propuesta de orden de peajes para el primer trimestre del año que viene remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), estos consumidores dispondrán de un año más para cambiar sus contratos.

Transcurrido ese plazo, las comercializadoras podrán dar por rescindido el contrato con el consumidor indebidamente acogido a tarifa y, por tanto, cortarle el suministro.

A fecha de junio, según datos de la CNE, aún había en España unos 159.000 consumidores con tarifas contratadas superiores a los 10 kilovatios acogidos a la tarifa regulada, a pesar de que la ley les obliga a contratar su suministro en el mercado libre.

Estos consumidores son penalizados en su recibo con un recargo del 20 % sobre la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) vigente en cada momento, lo que el año que viene implicará que paguen "de más" por la luz unos 60 millones de euros, según la orden de peajes.

Los clientes de alta tensión deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, en tanto que los usuarios de media y baja tensión con potencias contratadas superiores a los 10 kilovatios tienen que hacerlo desde julio de 2009, cuando comenzó a aplicarse la TUR, la única tarifa que desde entonces fija el Gobierno.

Muchos de los puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.

En otros casos, el problema radica en que, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, las compañías que operan en el mercado libre los consideran "malos pagadores" y no les ofrecen contratos por morosos, según fuentes del sector.

Según la propuesta de orden de peajes, si a 1 de enero de 2014 estos consumidores no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre, se considerará rescindido su contrato con el comercializador.

No obstante, no podrán dejar sin luz a servicios esenciales, como hospitales, alumbrado público, suministro de agua para consumo humano, instalaciones militares o policiales, centros penitenciarios, transportes públicos o servicios funerarios.