Uteca urge al gobierno a publicar el nuevo mapa de frecuencias


La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) emplazó hoy al Ministerio de Industria a “hacer públicos cuanto antes los proyectos de asignación del espectro radioeléctrico” a que obliga la aplicación del dividendo digital, para que no vuelva a provocarse a la industria televisiva un “daño irreparable” como el que le ha ocasionado el cierre de nueve canales de TDT.
La patronal que agrupa a los principales operadores privados aseguró en un comunicado que una vez ejecutada la sentencia del Supremo que ha obligado a apagar nueve canales, que han “acatado escrupulosamente”, “ha quedado claro que la seguridad jurídica de la televisión en abierto está en grave riesgo”.
“El camino, al contrario de lo que ha sucedido hasta hoy, debe ser el diálogo y el consenso con todos los agentes implicados en el sector. La situación actual, incluida la próxima mudanza de frecuencia de los canales por el dividendo digital, debe ser aprovechada para prever un escenario estable para los próximos años", afirma Andrés Armas, director general de la asociación.
Uteca exhorta al departamento que dirige José Manuel Soria a “establecer los canales de comunicación adecuados para no volver a incurrir en una situación tan dolorosa como la vivida” con la clausura de nueve canales.
Para la patronal, “solo una actuación diligente y transparente por parte de la Administración puede salvaguardar los legítimos intereses del sector y redimir en parte a la industria de las perniciosas consecuencias que un lamentable error formal ha acarreando a la Industria y a los ciudadanos”.
“Creemos que es necesario dotar de seguridad jurídica y de estabilidad al sector”, añade el comunicado. “Desde Uteca consideramos de vital importancia dotar de seguridad jurídica a la oferta actual de 15 canales nacionales de TDT, así como asegurar el futuro de la alta definición. Es necesario garantizar la pluralidad de la oferta y las posibles inversiones de los operadores”.
Uteca insiste en que tienen que tomarse medidas para que no se repita una situación a la que se ha llegado “por falta de voluntad política”, y con la que “se han lesionado gravemente los intereses de los operadores y se han producido unos daños ya irreparables para la industria audiovisual española, reduciendo la pluralidad de la oferta para los espectadores y agravando la ya de por sí difícil situación económica por la que atraviesan las empresas audiovisuales”.

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