Vivienda. 86 entidades financieras se adhieren al código de buenas prácticas que contempla la dación en pago

Un total de 86 entidades financieras se han adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, informa el Ministerio de Economía y Competitividad que apunta que esta lista ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.
La relación abarca, según economía, prácticamente la totalidad de las entidades con actividad en el mercado hipotecario e incluye a todas las grandes del sector.
La adhesión al código es voluntaria, si bien una vez suscrito se convierte en obligatorio por el plazo mínimo de dos años, prorrogable automáticamente por periodos anuales.
Se aplica a viviendas de hasta 200.000 euros, cantidad que se gradúa según el número de habitantes del municipio.
Asimismo, el código está destinado a proteger a familias en riesgo de exclusión social, en concreto, aquellas que tienen todos sus miembros en paro y cuya cuota hipotecaria supere el 60% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar, entre otros criterios.
También establece una serie de pasos con el objetivo de evitar el desahucio, permitiendo en determinados casos saldar la deuda con la entrega de la vivienda (dación en pago).
Antes de llegar a ello se abre en primer lugar la posibilidad de una reestructuración de la deuda, con una carencia en el pago de cuatro años, la ampliación del plazo hasta 40 años y la reducción del tipo de interés (euríbor más 0,25 puntos porcentuales).
Si este plan de reestructuración resulta inviable (la cuota sigue superando el 60% de los ingresos de la unidad familiar), se prevé la opción para la entidad acreedora de conceder una quita, que podrá ser del 25% de la deuda.
El último paso sería la dación en pago, aunque el deudor podrá permanecer durante dos años en la vivienda antes del desalojo, mediante el pago de una renta anual del 3% de la deuda pendiente.
Una comisión de control será la encargada de vigilar el cumplimiento de estos principios. En ella participan representantes de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), del Banco de España, de la CNMV y de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que presidirá la comisión y tendrá voto de calidad.
Los clientes de las entidades financieras que hayan suscrito el código podrán reclamar ante el Banco de España en caso de incumplimiento.