Guarderías estudian acciones contra el decreto basándose en las funciones atribuidas a la Agencia Pública de Educación

Según ha indicado a Europa Press la vicepresidenta del colectivo, María Isabel Uncala, la asociación no está conforme con la atribución de funciones de reparto de subvenciones o sancionadoras a una agencia pública con personal laboral "que no puede llevar a cabo estas competencias de inspección y sanción".

En este mismo aspecto ha incidido el sindicato CSIF, que ha señalado que la normativa recoge funciones del personal laboral de la Agencia Pública de Educación, algunas basadas en el ejercicio de potestades administrativas para las que son imprescindibles la presencia de personal funcionario para el desarrollo de dicha potestad subvencionadora, así como la tramitación, análisis y las relativas a la resolución o tramitación de procedimientos de reintegro.

Dejando claro que aún se analiza la fórmula jurídica más pertinente, Uncala ha confirmado, por otro lado, que el sector tiene intención de seguir movilizándose y que, al respecto, no descarta ninguna fórmula, si bien se está a expensas de "ver cómo los pequeños cambios introducidos en el texto quedan plasmados en la realidad".

"Los centros irán haciendo un exhaustivo estudio de las circunstancias familiares y de casos que se queden sin ayuda, o bien por presentar fuera de plazo o por acabarse el presupuesto", ha culminado la vicepresidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Respecto al decreto, este sábado entrará en vigor la resolución por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas a las familias mediante la bonificación del precio de los servicios, después de su publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En el texto, consultado por Europa Press, se reflejan cuantías máximas de ayuda, con cargo al partidas del presupuesto de explotación de la Agencia Pública Andaluza de Educación, de 63,7 millones para 2017 y de 111,6 millones para 2018.