Las pymes españolas rechazan que se sancione sin ayudas estatales a las empresas que no sean capaces de cumplir con todos sus pagos. Así lo ha indicado la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que ha tildado de "desproporcionado" que se prohíba a las compañías morosas acceder a subvenciones públicas, y ha reclamado cambios en la Ley "Crea y Crece" durante su trámite parlamentario.
La entidad representativa de las pequeñas y medianas empresas ha expresado a través de un comunicado este miércoles que "la morosidad es un problema complejo que necesita de un marco integral que la reduzca (...) Entendemos que una sanción tan grave como es la pérdida de acceso a subvenciones públicas y, por lo tanto, a los fondos europeos, resulta totalmente desproporcionada y puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad jurídica".
Desde la patronal se ha apuntado que dado el actual contexto económico, marcado todavía por el impacto de la pandemia, las empresas afrontan problemas de rentabilidad y algunas tienen dificultades para ser viables, por lo que en su opinión una forma de reducir la morosidad sería "favorecer la normalidad y el acceso a financiación". Además, en lo relativo a la Ley "Crea y Crece", aprobada ayer en consejo de ministros, han cuestionado también la obligación de que se exija factura electrónica en todas las operaciones entre compañías y autónomos, debido a "las limitaciones digitales de las empresas de reducido tamaño".
Junto a esto, también han defendido la inclusión de "medidas fiscales" que incentiven el crecimiento empresarial, entre las que incluyen la aprobación de tipos reducidos o poder compensar pérdidas "de forma ilimitada en el tiempo", además de aliviar las cargas administrativas.
La posición mostrada por Cepyme contrasta con la hecha pública hoy por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que considera "insuficientes" las medidas dirigidas a evitar la morosidad. La secretaria general del colectivo, María José Landaburu, ha advertido de que este problema supone "una lacra" y está "ahogando" a autónomos y pymes, y exige la inclusión en la normativa de un "régimen sancionador" para acabar con "la cultura de la impunidad".
Landaburu también ha querido recalcar que "la reforma legal para establecer ese régimen lleva más de un año bloqueada en el Congreso". Según datos aportados por Uatae, las empresas del IBEX35 adeudan a proveedores más de 58.400 millones de euros y tardan de media 191 días en pagar, muy por encima del límite legal.
En línea con la unión de autónomos, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) también coincidió ayer en alertar de que las medidas incluidas en la ley no son suficientes para resolver esta cuestión, y aboga por mejorar la norma durante su tramitación para que se compruebe de forma fehaciente que las empresas cumplen con los pagos antes de recibir dinero público y que no solo valga con una declaración responsable.
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