El Tribunal Supremo resolvió hace apenas unos días el lío judicial que existía alrededor del impuesto de plusvalía: solo deberían pagarlo aquellos que hubieran obtenido beneficio con la venta de su vivienda. En cambio, todo aquel que sufriera pérdidas con la transacción podría presentar una documento acreditativo para eximirle del pago de este tributo o, en caso de que ya hubiera sido cobrado, proceder a su devolución. Y ese papel es la clave.
Porque, ¿qué sucede con las sentencias que ya se habían emitido? Los primeros fallos judiciales comenzaron a ver la luz tras la declaración de ilegalidad de este impuesto en mayo de 2017 por parte del Constitucional. Los antiguos propietarios que vendieron sus inmuebles con una pérdida de valor con respecto a su compra vieron como los juzgados reconocían que, o bien no debían pagar el impuesto, o debían devolverles el dinero. Pero, ¿llegarán a cobrar la cantidad que tuvieron que abonar a los consistorios sin ese documento acreditativo?
Este es el caso de un vecino de la localidad madrileña de Tres Cantos que compró su vivienda en 2006 por un valor de 425.000 euros y la vendió diez años después por 105.000 euros menos. El ayuntamiento de la ciudad deberá devolver al vendedor, según la sentencia, 4.577,05 euros, la cantidad abonada en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y los intereses de demora correspondientes al haber perdido dinero con la transacción.
Este juicio, asistido por Unive Abogados, basaba su solicitud de desestimación en el silencio administrativo sobre la plusvalía. El magistrado estimó el recurso contencioso-administrativo y declaró no conforme a derecho el acto administrativo impugnándolo, anulándolo y dejándolo sin efecto. Pero esta no ha sido la única sentencia al respecto. Desde Unive Abogados afirman que las reclamaciones de este tipo comienzan a "prosperar satisfactoriamente y las sentencias favorables son cada vez más numerosas".
En el mismo caso se encuentra otra vecina de la localidad, también madrileña de Las Rozas, que perdió 15.000 euros con la transacción de venta de su vivienda que había adquirido en 2003 y que decidió deshacerse de ella también en 2016. En este mismo municipio hay varias sentencias más: algunas eximen a los vendedores del pago del impuesto, en suspenso hasta la resolución del Supremo, y otras, al igual que ocurre en Tres Cantos, obligan a su devolución.
Pero algunas ciudades ya han pisado el freno a pesar de las sentencias. Málaga ha decidido tomarse al pie de la letra el fallo del Tribunal Supremo y obligará a los vendedores a presentar "cualquier principio de prueba que al menos indiciariamente permita apreciar" la pérdida de valor. Los ciudadanos tendrán dos caminos para librarse del pago de la plusvalía o lograr su devolución: aportar el documento de compraventa con el valor del inmueble en ambos casos o la presentación de un informe pericial en el que se muestre la depreciación de la vivienda.
La pelota queda ahora en el tejado del Ejecutivo que trabaja en una reforma de este gravamen que se encuentra, hasta el 4 de septiembre, en fase de presentación de enmiendas. Tinsa cifraba al conocerse la sentencia del Constitucional, en mayo de 2017, en 550.000 los posibles afectados por este impuesto en los cuatro últimos ejercicios, ya que las anteriores habrían prescrito, por lo que la batalla se prevé larga.
Compensaciones por la caída de ingresos
Las plusvalías eran una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos, ya que con ellas se gravaba la trasmisión de vivienda ya fuese por compraventa, donación o herencia. En cambio, tras las recientes sentencias que eximen de su pago a aquellos propietarios que hayan perdido dinero desde la compra del inmueble hasta el momento de su trasmisión, esta fuente de ingresos se ha reducido de forma considerable.
Los presupuestos de algunos ayuntamientos, como el de Sevilla o el de Madrid, tuvieron en cuenta este hecho y redujeron su previsión de ingresos por este concepto. En cambio, otros como Barcelona, incrementaron la partida que esperaban percibir como plusvalías a pesar de conocer lo que iba a ocurrir. Más allá de la previsión o no de los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias reclamó a las Cortes un proyecto, aún sin aprobar, para compensar a los ayuntamientos de cara a la pérdida de ingresos que este hecho les supondría con una modificación normativa aún sin concretar.
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