El Gobierno ha negociado durante las últimas semanas el desarrollo del contenido de un Código de Buenas Prácticas con las entidades financieras y las patronales del sector. Este documento velará por el buen uso del dinero público inyectado al tejido productivo a través de avales concedidos por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) para encarar un desequilibrio patrimonial temporal consecuencia de la caída significativa de los ingresos por la crisis del Covid-19. Los bancos no están obligados a seguirlo, ya que su adhesión es voluntaria, pero el que no se comprometa con el mismo deberá comunicarlo.
Las entidades que decidan sumarse tendrán que hacerlo mediante un escrito enviado a la Secretaría General del Tesoro y deberán rendir cuentas ante una comisión de control que presidirá Carlos San Basilio, cuya información que les requiera tendrá que ser remitida trimestralmente al Banco de España. Su publicidad y control no quedará ahí. Serán fácilmente señaladas porque también estarán obligadas a informar adecuadamente a sus clientes sobre su adhesión, información que habrán de facilitar a través de su red comercial de oficinas.
La banca estará sometida a un fuerte control por parte del Tesoro y del Banco de España
La orden ministerial contendrá una serie de condiciones que tratará de que el sector financiero se implique en el apoyo de las empresas viables con problemas puntuales de sobreendeudamiento y en el buen uso de los recursos públicos. Así, recogerá los criterios de coordinación entre las entidades en la aplicación de reestructuraciones a las empresas y autónomos considerados elegibles, un aspecto considerado fundamental para evitar acciones unilaterales que puedan ir en contra o poner en riesgo el objetivo de reforzar la viabilidad de esa parte vulnerable del tejido productivo que ha recibido ayuda.
Extensión de plazos, préstamos participativos y quitas
La idea es establecer tres niveles de actuación posibles para reforzar a las empresas que están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de solvencia como consecuencia de la intensidad y duración de la caída de actividad. El primero será la extensión de los plazos de vencimiento de los préstamos avalados más allá de los ocho años establecidos actualmente. En el caso de las empresas para las que esta primera opción no sea suficiente, se plantea como medida de segundo nivel la conversión de los créditos en préstamos participativos, de forma que los recursos propios de los beneficiarios se verán reforzados al tener un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. El último recurso que se quiere evitar y que se pide que se aplique con carácter excepcional serán las quitas.
Este Código será de aplicación únicamente en las renegociaciones, las cuales disponen de una línea de avales dotada con un máximo de 3.000 millones de euros. Las transferencias solo podrán realizarse a favor de las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos de elegibilidad fijados por el acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso acordado previamente con las entidades financieras. Por lo tanto, la banca acreedora asumirá la parte que le corresponde de la reducción del principal pendiente del préstamo.
En ningún caso se permitirá aplicar estas medidas de rescate a empresas que no eran viables antes de que llegara la pandemia y únicamente podrán beneficiarse de esta forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento las que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.
Los bancos desembolsan 30.233 millones
Desde que estalló la crisis, las empresas y autónomos han recibido financiación por un importe que alcanza ya los 126.058 millones de euros articulado a través de 1,059 millones de operaciones aprobadas, según los últimos datos disponibles correspondientes al pasado 5 de mayo. El 98% de los beneficiados son autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). El importante desembolso ha sido asumido en mayor parte por el Estado, correspondiendo 95.825 millones de euros a garantías públicas, mientras que los 30.233 millones de euros restantes representan el riesgo contraído por los bancos.
El Ejecutivo busca con estas medidas proteger a las compañías españolas hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza. Aunque el pasado 9 de mayo se levantó el estado de alarma en todo el territorio nacional, la mayoría de las comunidades autónomas prevé aplicar nuevas restricciones. En cualquier caso, lo que se pretende es evitar un impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía, tratando de mantener el empleo en los sectores más afectados y actuando de forma preventiva para esquivar un choque superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero. En definitiva, busca minimizar el coste público y privado.
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