Los trabajadores del Grupo Cerealto Siro Foods en las fábricas de Palencia y Zamora se oponen al plan de viabilidad de la empresa, que acumula una deuda de 299 millones de euros, y critican la falta de transparencia en las negociaciones que se desarrollan en el servicio de mediación laboral (SERLA). El Servicio de Relaciones Laborables inició en diciembre el proceso de mediación entre la empresa y los comités de empresa de las plantas del grupo en Aguilar de Campoo, Venta de Baños (Palencia) y Toro (Zamora), a los que posteriormente se han unido los del Centro de Investigación de El Espinar (Segovia), para alcanzar un acuerdo sobre el plan de viabilidad presentado por Cerealto Siro.
El procedimiento de conciliación, en el que también participan los sindicatos UGT, CCOO, CGT, USO, CSIF, surgió como consecuencia de la negativa de los comités de empresa de las distintas plantas a negociar el plan de viabilidad del grupo por considerar que su único objetivo es abaratar costes laborales eliminando todos los derechos conseguidos, según han informado los comités en un comunicado. Durante las negociaciones se han abordado los problemas de los trabajadores y la empresa, que ha recurrido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ha solicitado un crédito de 90 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial, y que ha abierto la puerta a la multinacional francesa Biscuit International como socio inversor.
No obstante, tras las negociaciones no se ha llegado a ningún acercamiento, ya que los comités consideran que "la información presentada" por la empresa es "insuficiente". Como explican, Cerealto Siro ha presentado un plan de viabilidad de aumento de capacidad productiva progresiva para todas las plantas hasta el 2025, pero no aclara cómo lo va a llevar a cabo, si existe un plan industrial para acometer este aumento de producción y si ya hay un inversor. De hecho, el grupo les ha comunicado que siguen negociando con el inversor y la SEPI "pero que finalmente será uno de los dos, los dos juntos no".
La última propuesta de la empresa contempla ampliar la jornada laboral en 32 horas más, congelación salarial de cuatro años, suprimir el complemento de incapacidad temporal en caso de baja, aplicar el Estatuto de los trabajadores en caso de licencias retribuidas y no las que existen en cada convenio, elaborar una nueva escala salarial para nuevas incorporaciones y garantizar el empleo indefinido con salidas voluntarias e incentivadas. Según los comités de empresa, estas medidas pretenden que los salarios "no se vean tan perjudicados", pero siguen incluyendo un recorte salarial "hasta alcanzar su objetivo de bajar el coste hora". El SERLA ha acordado continuar con las negociaciones relacionadas con este conflicto durante tres semanas más, fijando para el 3 de marzo una reunión extraordinaria para conocer si hay o no acuerdo.
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