Sin votos en contra 

Cataluña mantiene el plan para apagar las centrales nucleares en diez años

El Gobierno central sólo ha recurrido las normas catalanas que suben impuestos a los vehículos más contaminantes

Imagen de archivo de la central de Vandellós.
La central de Vandellós en una imagen de archivo. EFE

Cataluña prevé el cierre de las tres centrales nucleares establecidas en la Comunidad como muy tarde en el año 2027. Así lo contempla la Ley 16/2017 de Cambio Climático aprobada por el Parlamento catalán el 27 de julio con 122 votos a favor, 11 abstenciones (PP) y ningún voto en contra. La ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de septiembre. El Gobierno central sólo ha recurrido la subida de impuestos a los vehículos más contaminantes que aprobó la Generalitat en mayo y que se mantiene en la nueva norma.

Mientras el Gobierno de España -Ministerio de Energía- se toma con calma la elaboración de una Ley de Cambio Climático para el conjunto del Estado, las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza, ya toman decisiones. La Ley de Cambio Climático del Gobierno tendrá que esperar a que la comisión de 14 expertos creada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, termine unos trabajos cuya duración estimada es de al menos seis meses.

En Cataluña, una de las decisiones más importantes es el cierre de las centrales nucleares en el plazo de diez años. Está previsto en el artículo 19 de la norma, donde se fija que la transición energética debe ir hacia un modelo 100% renovable, "desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero".

Plan de transición y cierre

Con ese fin, prevé establecer un plan de transición para el cierre "no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio" y diseñar un sistema de tarifas que penalicen el sobreconsumo.

El hecho de que el PP catalán no se opusiera al cierre de las nucleares, cuando el Gobierno que apoya se ha mostrado claramente partidario de prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años llama mucho la atención. Ha sorprendido incluso a funcionarios y técnicos que viven el día a día del debate energético desde organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear o la CNMC.

La norma catalana sorprende también porque contradice expectativas generadas en el seno de algunos sectores independentistas que consideran las nucleares en Cataluña como una garantía de la autosuficiencia energética en caso de separación.

En Cataluña funcionan tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Los tres están en Tarragona. Son Ascó I (100% de Endesa), Ascó II (85% Endesa, 15% Iberdrola) y Vandellòs II (72% Endesa y 285 Iberdrola). Los teóricos del independentismo las tienen estudiadas.

La mitad de la energía de Cataluña

La Fundació Josep Irla, próxima a ERC, detalló en un estudio sobre la energía en Cataluña que esas centrales producen “aproximadamente el 50% de la electricidad que consume” la comunidad. Cataluña se situaría por detrás de Francia, Lituania, Bélgica y Ucrania en cuanto a proporción nuclear.

Según los autores del informe Irla, Cataluña tiene una capacidad de generación eléctrica instalada de "más de 13 gigavatios", lo que "permite cubrir el actual pico de demanda de 12 gigavatios" en caso de que tuviera que operar "de manera aislada". 

La norma catalana, en todo caso, está publicada y pendiente de desarrollo reglamentario en aquellos puntos en los que es necesario, como los recargos y nuevos impuestos a los vehículos contaminantes. Así lo confirma el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, una de cuyos portavoces precisa que sólo está recurrida (por el Gobierno central) lo referido a los impuestos a vehículos.

El recurso del Gobierno, en todo caso, no se ha hecho sobre la norma publicada en el BOE este mes de septiembre, sino sobre la Ley 6/2017 que aprobó la Generalitat de Cataluña el 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos. El Ejecutivo central interpuso un recurso de insconstitucionalidad al considerar que la norma sobrepasaba "los límites establecidos" en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que dicta que "los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".

Nuevos impuestos a vehículos

Los nuevos impuestos a los vehículos contaminantes están previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley catalana. Los tributos, tendrían "carácter finalista" y serían destinados a "nutrir a partes iguales" un Fondo Climático y un Fondo de Patrimonio Natural.

En el momento de elaborar la Ley, La Generalitat preveía que el primer año pagaran los vehículos que emiten más de 160 gramos de CO2 por kilómetro, que tendrán que desembolsar a partir de 25 euros al año. Lo que emitieran más de 200 gramos de CO2 tendrían que abonar un mínimo de 56 euros. En los años siguientes se irían incluyendo más vehículos con emisiones más bajas hasta llegar a una recaudación de 75 millones de euros.

La Ley de Cambio Climático de Cataluña tiene como horizonte el año 2050 y sus objetivos fundamentales son reducir el consumo final de energía un 2% cada año y, como mínimo, el 27% en 2030. En ese año se habrá tenido que alcanzar el 50% de energías renovables en el sistema eléctrico catalán y llegar al 100% de renovables en 2050, tendiendo al consumo nulo de combustibles fósiles.

Además, está previsto el cierre de las centrales nucleares no más allá de 2027 y se fija un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del 40% respecto de 1990 en 2030, del 65% para 2040 y del 100% para 2050.

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