España mueve ficha para anular el pleito por las renovables perdido con Antin

España se resiste a dar su brazo a torcer en los arbitrajes de renovables. Ocho años después del recorte a las primas de energías 'verdes' aprobado en la reforma eléctrica de 2013, continúa peleando cada uno de los procedimientos planteados por los fondos de inversión ante las distintas cortes internacionales. Así queda patente en el hecho de que no haya abonado ninguna indemnización por los pronunciamientos en contra del Reino de España. 

En la mayoría de los casos lo está logrando a fuerza de recurrir los laudos o plantear su anulación acogiéndose a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limita la ejecución de arbitrajes donde las dos partes residen en terreno comunitario. De momento, esta estrategia ha permitido a la Abogacía del Estado rebajar en más de 4.500 millones de euros la factura por reclamaciones, que en un principio superaba los 9.000 millones.

Entre los procedimientos que a día hoy sigue coleando destaca el que le condena a pagar 101 millones de euros a los fondos Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à r.l. y Antin Energia Termosolar B.V., constituidas en Luxemburgo y los Países Bajos. Pese a tratarse de uno de los primeros arbitrajes solicitados contra el Ejecutivo tras los cambios regulatorios en el régimen específico de las renovables, toda vez que se abrió en 2013, y que el laudo condenatorio fue emitido en 2018 y todavía no ha sido ejecutado. 

Durante el último trienio el arbitraje no ha dejado de saltar de tribunal en tribunal

A este respecto, el último movimiento corresponde al propio Estado español, que lleva tiempo preparándose para, en primer lugar, detener los procedimientos de actuación y, a posteriori, solicitar su impugnación. Ante la deriva del procedimiento, que actualmente descansa en los tribunales de Australia, ha reforzado su defensa contratando los servicios de K&L Gates, despacho estadounidense involucrado en algunas de las disputas arbitrales más importantes abiertas actualmente, de cara a recibir asesoramiento jurídico especializado.

La contratación se ha realizado a través de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y responde a la urgencia de la Abogacía del Estado por armar una estrategia legal de cara a frenar la orden emitida por el Tribunal Federal de Australia el pasado junio, y que obliga a España a ejecutar el pago de los 101 millones, más unos intereses del 2,07% a contar desde el 20 de junio de 2014 hasta el momento del pago. Lo hacía considerando erróneos los argumentos alegados por el Ejecutivo en su solicitud de anulación planteada el pasado 23 de mayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi).

Así pues, el Reino ha decidido ponerse en manos de asesoramiento experto para hacer valer sus intereses. De paso, tratará de igualar fuerzas frente a los inversores extranjeros, que están representados en el caso por la firma de abogados londinense Gibson, Dunn & Crutcher. No obstante, sus esperanzas chocan con la afirmación de otro tribunal australiano, que este mismo año negó al país reclamar inmunidad soberana para evitar el cumplimiento del laudo arbitral.

No obstante, lo cierto es que durante el último trienio el arbitraje no ha dejado de saltar de tribunal en tribunal. Así, apenas dos meses después del pronunciamiento de Ciadi en junio de 2018, Antin solicitó ante un tribunal de Washington que diese cumplimiento a la sentencia inicial, que imponía una sanción de 112 millones. Poco después, ese mismo año, España logró que los árbitros de la corte rebajaran la factura del laudo, aunque lejos de los 84 millones que solicitaba junto con una reducción de la cifra de costas y gastos.

Suma y sigue, porque el pasado julio la Comisión Europea decidió abrir una investigación con objeto de evaluar si el laudo arbitral "se ajusta a las normas de la UE en materia de ayudas estatales". Concretamente, sus dudas giran en torno a los principios de confianza mutua y autonomía del derecho europeo. Y aunque está línea todavía está en curso, en su opinión preliminar manifestaba que consistía una ayuda estatal, al entender que el fallo concedía a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español no notificado de 2007.