Housers cumplirá, a su pesar, las decisiones judiciales. La plataforma presentó ante la Audiencia Nacional a mediados del pasado mes de noviembre el escrito de interposición del recurso contra la resolución del Ministerio de Asuntos Económicos que desestimaba la solicitud para que se le librara de la sanción impuesta por el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por importe de 130.000 euros. En ese momento, se abrió una pieza separada para analizar la posibilidad de adoptar la medida cautelar de suspensión del pago de la multa mientras se resuelve el proceso judicial que se impugna, pero los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo la han rechazado.
Housers pedía la suspensión del pago de la multa al entender que la resolución impugnada vulnera los principios de legalidad y tipicidad, de presunción de inocencia, de culpabilidad y de confianza legítima y de seguridad jurídica. También considera que librarle hasta el fin del proceso de este pago no perturbaría gravemente los intereses generales ni de terceros. Pero la Sección Tercera de la Sala no ve estas circunstancias como suficientes, ni cree que resulte plausible el planteamiento que se hace en la petición de suspensión, según consta en el auto consultado.
Aunque no está de acuerdo y continúa alegando una persecución por parte de la CNMV, la compañía que capitanea Juan Antonio Balcázar acatará la Ley y se mantiene a la espera de que el supervisor de los mercados le remita la carta de pago. Una vez se la haga llegar, lo que se espera para el próximo mes de enero, tendrá 30 días para realizar el abono, si bien la intención de Housers es saldar esta cuenta en cuanto reciba el documento. La compañía de crowdfunding tiene el importe completamente provisionado en las cuentas de 2019, por lo que el impacto es nulo, como ha asegurado a La Información.
El equipo jurídico de Housers ultima todos los detalles de la demanda que remitirá antes de mediados de enero
Mientras tanto, el equipo jurídico de Housers ultima todos los detalles de la demanda que tiene que remitir antes de mediados de enero a la Audiencia Nacional, que es el plazo que se le ha otorgado desde que manifestó su intención de acudir a esta instancia judicial y de presentar el escrito de interposición del recurso. En caso de que finalmente la Justicia le dé la razón, será la CNMV la que tendrá que devolver a la plataforma el importe de la multa más los intereses legales.
La batalla entre Housers y la CNMV no es una novedad. De hecho, se retrotrae a prácticamente el momento de su constitución en 2015, cuando no existía una regulación específica. Pero este conflicto concreto data del año 2017, apenas unos meses después de obtener autorización como plataforma de financiación participativa. La normativa cambió y, a finales de ese año, el organismo supervisor realizó una inspección tras la que determinó que estaba realizando actividades no permitidas al ser administradora única de las sociedades creadas para los proyectos de equity. No obstante, Housers alega que la regulación por la que se le sanciona entró en vigor posteriormente a recibir el visto bueno para iniciar esta actividad.
La plataforma tenía claro que no podía 'bajarse de la bicicleta en marcha' y dejar en el aire los proyectos de equity en los que ya participaban accionistas. Su postura fue la siguiente: "Múlteme, pero no voy a dimitir como administrador de forma inmediata". Housers solicitaba tiempo para realizar una transición ordenada, pues según sus cálculos, los inversores hubieran sufrido pérdidas de beneficios al tener que soportar los gastos de una nueva administración, de la modificación de los estatutos y de la inscripción registral.
Housers se defiende asegurando que su postura ha sido la de velar por los intereses de los inversores, haciendo un cambio de administrador arreglado conforme a la Ley de Sociedades de Capital, sin poner en riesgo la gestión. La CNMV también le acusó de vulnerar el principio de neutralidad, pero la empresa considera que el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura realiza una interpretación extensiva que no cabe en derecho sancionador y que no se corresponde con la literalidad de la norma sobre el fomento de la financiación empresarial que define qué se entiende por proyecto vinculado. Tiene claro que esta multa "carece de sentido" y quiere dejar constancia del trato discriminatorio frente a otras plataformas de financiación participativa que, precisa, están realizando prácticas similares sin que se les haya acosado.
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