La fuga de empresas de Cataluña pone en alerta al seguro por temor a demandas

  • A las aseguradoras les inquietan potenciales denuncias de accionistas a los ejecutivos de las compañías por las implicaciones del traslado de sedes. 
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La pertinaz fuga de empresas de Cataluña comienza a inquietar al mundo del seguro. Para una industria que calibra al milímetro cualquier riesgo antes de suscribir un contrato con un cliente y fijar su precio, de repente se le ha abierto un foco inesperado: la posibilidad de que los accionistas presenten reclamaciones a la alta dirección y consejos de administración de las compañías por cualquier impacto atribuible al traslado, refieren fuentes del sector.

Se trata de una inquietud muy localizada en las denominadas pólizas de D&O -abreviatura en inglés de 'directors and officers'), contratadas por todas las empresas cotizadas y un creciente número de pymes para cubrirse las espaldas o la responsabilidad civil sobre cualquier decisión de gestión. La aseguradora no responde sobre perjuicios por actuaciones penales o negligencias, pero sí sobre daños causados por medidas estratégicas evitando así poner en peligro el patrimonio personal de la gerencia o, incluso, la viabilidad de la empresa que dirigen.

La simple inexistencia de precedentes se ha convertido en una incógnita para una industria cuyo principal activo es medir al milímetro el riesgo o, más concretamente, para los especialistas en este tipo de coberturas. Aún siendo un producto que entra en catálogo de los grandes proveedores globales los especialistas mundiales son contados (AIG, Hiscox y ACE Group-Chubb, entre ellos), y cualquier evento relevante ha acabado pasando factura en precio o capacidad de contratación en el pasado.

160 millones para contratar pólizas de directivos

La crisis fue, de hecho, la que puso en la diana la gestión de ciertos directivos y consejeros -sobre todo de empresas financieras-, allanando la popularización de un tipo de producto que en aquel momento adolecía de difícil penetración más allá de las sociedades cotizadas. En la actualidad y, según algunos cálculos del mercado, las compañías españolas comprometen más de 160 millones de euros del presupuesto anual en protegerse frente a demandas de terceros por responsabilidad civil.

Situaciones como la avalancha de demandas por mala comercialización de productos o la salida a bolsa Bankia afectó de forma directa en la prima -o precio-, con un encarecimiento en la contratación porque entre sus prestaciones figuran los costes en litigios en defensa de los directivos denunciados o la empresa.

Con la proliferación de querellas judiciales a exgestores de antiguas cajas de ahorros salvadas con cargo al Erario, se disparó la demanda de otras compañías de este tipo de productos o la extensión de las pólizas a un mayor censo de directivos en empresas que ya lo tenían en paralelo con una restricción en la oferta, que excluyó de su cobertura determinados riesgos o incluso complicó su contratación a ciertas compañías.

El Govern y el Parlament pierden su cobertura

El escenario actual no tiene por qué afectar salvo que efectivamente se produzcan acciones indemnizables probadas, matizan las fuentes consultadas. La mudanza de sedes se ha precipitado precisamente para evitar perjuicios a compañías y sus accionistas garantizando con el traslado su continuidad en un régimen jurídico estable, con independencia del devenir en Cataluña, donde empresas y el mundo del seguro confían que no cristalice la ruptura con la zona euro.

El pulso del Govern sí ha dejado, sin embargo, sin dicha red a todos los altos funcionarios de Cataluña. SegurCaixa Adeslas ha rescindido varias pólizas de responsabilidad civil del Parlament y la Generalitat -aquí una general para la administración autonómica y otra específica para los directivos y altos cargos-. La causa de la cancelación es que ni Parlament ni Generalitat informó del riesgo inherente a la Ley de Transitoriedad Jurídica, suspendida por el Tribunal Constitucional. Son riesgos no contemplados en la cobertura.

El agravamiento de la situación política no ha afectado al resto de seguros: “ni hay mayor contratación por parte de empresas ni se adivina auge alguno en siniestros indemnizables por ninguna razón”, afirman las fuentes consultadas. Cualquier impacto tardará, en cualquier caso, cierto tiempo en manifestarse.

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