"Topar los precios del alquiler en los mercados más tensionados". Esta frase lleva repitiéndose varios meses desde que Podemos la plasmase en el acuerdo presupuesario al que llegó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de octubre. Desde entonces se ha hablado mucho de la conveniencia o no de poner un máximo para estos precios, la última vez este mismo viernes en la reunión mantenida entre el propio Presidente del Gobierno y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero el sector inmobiliario lo tiene claro: topar el alquiler sería perjudicial para los miles de pequeños propietarios que forman el mercado español.
Entre el 96 y el 97% de las viviendas de alquiler en España se encuentran en manos de particulares, esto quiere decir, que los grandes tenedores a los que se les está echando la culpa de la subida de precios, sobre todo en las grandes ciudades, apenas representan entre un 3 y un 4% del total del mercado.
Ada Colau fue la última en hablar y es la responsable de uno de los ayuntamientos que más fácil tiene la futura aplicación de la norma, al contar con un índice de precios. Colau puso como ejemplo de aciertos a la hora de topar los precios del alquiler a mercados como el parisino -que tenía limitado el precio en un 20% por encima o un 30% por debajo de la cantidad fijada en su zona centro- o el de Berlín, con una subida máxima del 10% con respecto al precio medio de la zona. Ambos modelos tenían como fin facilitar el acceso a la vivienda e impedir la expulsión de él de los colectivos más desfavorecidos.
Los tribunales franceses decidieron la eliminación de la denominada norma 'Alur' por su falta de equidad al considerar que era discriminatoria su solo aplicación en el distrito centro. En cambio, en julio, Emmanuel Macron decidió lanzar un nuevo reglamento, ahora denominado 'Ley Elan', que recuperaría el índice de precios obligatorio, aunque de forma menos ambiciosa. Durante la primera etapa de su aplicación -entre 2015 y 2017-, y debido a la naturaleza del mercado inmobiliario parisino -en su mayoría formado por viviendas públicas o de grandes propietarios- la norma consiguió reducir el auge de los precios y dejarlo incluso por debajo del aumento de la inflación.
El caso de Berlín es similar. La normativa entró en vigor en junio de 2015 con un sistema de cálculo de los precios medios que no convencía a ninguna de las partes. De hecho, a día de hoy y pese a la norma, el coste de alquilar una vivienda ha aumentado en Berlín como consecuencia del auge de la demanda, una situación muy similar a la de las grandes ciudades españolas.
Pero ese no es el caso de las grandes capitales españolas. Es precisamente el aumento de demanda de vivienda en alquiler junto con la falta de oferta en los puntos más estratégicos de las ciudades lo que han hecho que los precios aumenten de acuerdo con las opiniones de los expertos. De hecho, en los últimos diez años esta demanda ha aumentado en 900.000 hogares en todo el territorio nacional, lo que ha supuesto una tensión sin precedentes.
Pero la principal diferencia vuelve a ser la situación antagónica de los parques de vivienda en España y en el resto de Europa. De acuerdo con diversos estudios, las viviendas españolas que se ponen en alquiler están obsoletas. De hecho, de media, han pasado 45 años desde que se construyeron los pisos que se ponen en el mercado, algo que no sucede en otros países, en los que la edad del parque ha bajado de manera notable gracias a importantes políticas de construcción de vivienda llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos.
Pese a que en España las medidas de tope del alquiler aún están en estudio y no se concretarán -si es que lo hacen- hasta bien entrado 2019, los números del mercado dejan claro que los perjudicados serían los particulares tal y como denuncia el sector.
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