Mediaset acaba de sufrir un nuevo revés. La fusión de de sus compañías en España e Italia ha sido paralizada como consecuencia de las medidas cautelares solicitadas por parte de Vivendi tras los problemas en la última junta de accionistas en la que se aprobaba esta operación. Según el auto al que ha tenido acceso La Información, la compañía de Paolo Vasile habría cuestionado la compra del 1% por parte de Vivendi al considerar "le legalidad y buena fe" de la misma ya que se realizó durante "los meses de junio y julio", una vez que ya había sido convocada la junta y "sabiendo Vivendi que los acuerdos sometidos iban a ser aprobados debido a la mayoría que tiene Mediaset Italia en el capital social".
En este sentido, la compañía francesa expuso durante el procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid que tenía una "clara legitimación" como consecuencia de la titularidad del 28,8% del capital social de Mediaset Italia. El segundo mayor accionista de esta firma, señaló como justificación de este hecho que tiene una inversión de alrededor de 1.000 millones.
La ley exige una participación mínima del 1% en el capital social de la sociedad demandada para poder solicitar la suspensión cautelar que ahora ha sido aceptada. Este hecho explicaría, según la documentación, la compra de esta participación para poder pedir estas medidas, ya que de lo contrario Vivendi solo habría podido formular la impugnación de los acuerdos sociales.
El magistrado Andrés Sánchez remarca en el citado auto que no resulta convincente el argumento de que la francesa asumía el peligro derivado de la compra del 1% de Mediaset España por el momento en que lo hizo, sabiendo los acuerdos que se propondrían en la junta de accionistas y que llevarían a la fusión. "Estas compras se nos antojan más bien como una expresión inequívoca de su voluntad por combatir unos acuerdos que entiende que atentan contra sus legítimos derechos como accionista relevante de Mediaset Italia y, por derivación, de la propia Mediaset España".
Mediaset también se acogió a la idea de que Vivendi es un competidor y sus intereses están directamente contrapuestos con los de la italiana. En este sentido, el magistrado señala que "no se han articulado argumentos y motivos suficientes por los cuales existe un peligro concreto y real para Vivendi", una de las bazas que juega la francesa en todo este conflicto.
La solicitud de medidas cautelares por parte de Vivendi se estudió en una vista acogida el día 2 de octubre en el Juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid que se tuvo que prorrogar un día más "debido a la complejidad y extensión de la prueba propuesta".
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