Domingo, 17.02.2019 - 22:03 h
Pierde una reclamación millonaria en Colombia

La CNMV exige a Telefónica que ofrezca más datos sobre sus casos de corrupción

La teleco insiste en que mantiene las investigaciones abiertas y que una potencial sanción "no afectaría de forma material" a su situación financiera.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete / Europa Press

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exige a Telefónica información adicional sobre los diferentes casos de corrupción que investiga en sus diferentes filiales. El organismo ha hecho un requerimiento adicional a la operadora de telecomunicaciones no sólo sobre las consecuencias económicas, sino también sobre las medidas que tomarán para evitarlos.

La operadora ha insistido en que no ha habido provisiones concretas y en caso de que las investigaciones que llevan a cabo acarrearan una potencial sanción "no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño".

Un requerimiento adicional

En la memoria anual de Telefónica, la operadora asegura que estaba llevando a cabo investigaciones sobre diferentes casos de corrupción. Ante esta situación, la CNMV ha exigido en un requerimiento fechado el 20 de septiembre una actualización del estado de las pesquisas, una cuantificación del impacto potencial sobre el patrimonio del grupo y una descripción de las medidas que se tomarán para evitarlas.

Sobre las investigaciones, Telefónica incide en que continúa cooperando con las autoridades gubernamentales y prosiguiendo con las investigaciones en marcha, pero no precisa cuáles son, ni en qué mercados. "No es posible predecir en este momento el alcance o la duración de estos asuntos", ha incidido.

¿Cuál podría ser el impacto económico? Desde Telefónica descartan que afecte "de forma material" a la situación financiera del grupo, debido a su tamaño. No precisa si ha habido algún tipo de provisión adicional para cubrir estos costes extraordinarios. Y abunda: "No puede garantizar que la normativa interna y los procedimientos establecidos sean suficientes, o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores no actúen infringiendo la normativa".

¿Qué medidas tienen implantadas?

Admiten que los riesgos vinculados a estos casos de corrupción van desde las sanciones financieras, a la resolución de los contratos públicos, el daño a su reputación y "otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a los negocios del grupo".

Sobre la prevención, Telefónica asegura contar con controles y procedimientos encaminados a evitar casos de corrupción y soborno en sus filas. Controles implementados y gestionados por diferentes áreas: Auditoría Interna, Jurídico, Sostenibilidad y, desde principios de 2016, el área de Cumplimiento. 

Además del código de conducta de la compañía, la operadora señala entre las medidas para evitar estos casos las "directrices en materia de ofrecimiento y aceptación de regalos e invitaciones", además de "la normativa y sistemas de reporte específicos para situaciones de conflicto de interés, o las relativas al relacionamiento con entidades públicas". En su Política Anticorrupción, incluyen determinadas "protecciones y garantías contractuales en los controles con socios comerciales".

Pierde una batalla millonaria en Colombia

Por otra parte, en el mismo documento la CNMV había reclamado a Telefónica que explicarse las acciones legales que había emprendido tras el laudo -impuesto en julio de 2017- y actualizase el estado de situación de las mismas. ¿La contestación? El Consejo de Estado del país ha desestimado el recurso de ColTel, la filial de la operadora en el país, contra el laudo de un tribunal de arbitraje que le obligaba a pagar una indemnización de unos 457 millones de euros (1.615.012 millones de pesos).

El procedimiento de arbitraje fue convocado en referencia a unas concesiones de frecuencias de 1994, renovadas en 2004, y que contenían una cláusula de reversión de los activos, a fin de que se definiera la vigencia y ámbito de aplicación de tal cláusula.

Inicialmente, el tribunal arbitral impuso a ColTel el pago de 1.652.981 millones de pesos colombianos (468 millones de euros al cambio actual), pero posteriormente ordenó el pago de 1.651.012 millones de pesos colombianos (467,3 millones de euros al cambio actual) tras apreciar un error aritmético el 4 de agosto de 2017, que le llevó a corregir una cifra ligeramente superior recogida en el laudo original del 25 de julio de 2017, según se recoge en la memoria intermedia publicada en julio por Telefónica.

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