Tepco se mantiene sobre la cuerda floja tras la crisis de Fukushima

Tokyo Electric Power Company (Tepco), la operadora de la planta nuclear japonesa de Fukushima Dai-ichi, está recibiendo golpes por todas partes. El pago de unas indemnizaciones enormes, la incertidumbre financiera y ahora una iniciativa legal para revocar su licencia están poniendo contra las cuerdas a la compañía nipona. El destino de Tepco, mientras sigue tratando de paliar el mayor desastre nuclear en el mundo desde el de Chernóbil, se dibuja incierto.

La que era hasta no hace mucho la mayor compañía privada del mundo de servicios públicos, ha perdido desde el inicio de la crisis nuclear 25.000 millones de euros en valor de mercado, y el mes pasado presentó la mayor pérdida de una empresa no financiera en la historia de Japón: 10.300 millones de euros, en los que no se incluye el pago de indemnizaciones.

Se calcula que Tepco tendrá unas pérdidas operativas de 570.000 millones de yenes al final de este año fiscal, en marzo de 2012 (de nuevo sin tener en cuenta las indemnizaciones).

El pago de compensaciones por parte de Tepco a los habitantes evacuados, a los negocios locales, pescadores, granjeros y demás afectados por la crisis de Fukushima sigue siendo de momento tan incierto como el futuro financiero de la compañía. El Gobierno insiste en que no habrá límite a las indemnizaciones que tenga que afrontar Tepco, que se calcula que será de billones de yenes.

De momento continúan las discusiones entre la operadora, el Gobierno y los bancos (principales dueños del patrimonio y la deuda de Tepco) sobre quién se hará cargo de las indemnizaciones y a cuánto ascenderán.

Aún así, las indemnizaciones no son actualmente la mayor amenaza a la que se enfrenta Tepco.

"Aunque son las compensaciones económicas las que están recibiendo toda la atención, lo que supondrá el mayor gasto para Tepco a corto plazo es el combustible extra que Tepco tendrá que comprar para generar electricidad", explica Penn Bowers, analista de la firma de inversiones de Tokio CLSA. Se refiere a la energía que Tepco tendrá que generar en sus plantas termales para compensar la pérdida de producción en sus reactores nucleares.

Pese a todo, la compañía japonesa entra dentro de la categoría de 'demasiado grande para caer'.

Bowers cree que el Gobierno del primer ministro Naoto Kan terminará poniendo un límite a las indemnizaciones "cuando sea políticamente viable hacerlo. Todo esto ha ocurrido bajo el mandato de Kan, así que tiene que aparentar que está siendo duro con TEPCO".

El marco legal de la industria nuclear japonesa, aprobado en 1961, establece de hecho la falta de responsabilidad de los operadores de las plantas eléctricas por accidentes provocados por "desastres naturales extraordinarios". Este es probablemente el argumento en el que se apoyará Tepco cuando empiecen a acumularse las demandas de indemnizaciones y el dinero empiece a escasear.

"El Gobierno está jugando a hacer que parezca que el contribuyente no es el que al final va a tener que pagar por todo esto", dice Bowers.

De momento, Tepco y el Gobierno se enfrentan al primer desafío legal provocado por la crisis nuclear: Takanori Eto, un recién licenciado en Derecho de la Universidad de Tokio, ha anunciado que va a presentar demandas en el distrito judicial de Tokio en las que sostiene que las licencias de Tepco para operar las plantas de Fukushima Dai-ichi, Fukushima Daini y Tokai Mura fueron concedidas de manera ilegal.

"En el pasado ya se presentaron demandas contra las licencias, asegurando que los requisitos mínimos de seguridad no se estaban cumpliendo. Pero los tribunales dictaminaron que las licencias eran legales, según los estándares establecidos por la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial", afirma Eto. "El 11 de marzo descubrimos que esos estándares y las inspecciones de seguridad eran totalmente inadecuadas".

Eto ha presentado otra demanda en la que sostiene que la gestión de las plantas nucleares es también inconstitucional, porque la zona en torno a Fukushima ahora inhabitable por la crisis contraviene el derecho de los japoneses a elegir el lugar en donde viven.

"Si esta demanda fructifica y se declara que la gestión de las plantas nucleares es anticonstitucional porque existe una posibilidad muy real de accidentes, entonces se debería de aplicar lo mismo para todos los reactores en Japón, y para cualquier solicitud de nuevas plantas nucleares", afirma.

Tepco se suma ahora a la lista de empresas como BP, Union Carbide y Exxon, cuya identidad corporativa se vincula a grandes desastres medioambientales.

La crisis de Fukushima puede eclipsar los también enormes daños medioambientales en el Golfo de México, en Bhopal (India) y en la costa de Alaska, unos desastres provocados por compañías que siguen operando. BP ha presentado ganancias millonarias, Union Carbide gestiona refinerías de petróleo en Japón e incluso suministra combustible a Tepco.

Con la nacionalización lejos de ser una posibilidad, lo más probable es que Tepco se convierta en una "compañía zombi", que genera ganancias sólo para devolver lo que debe a sus acreedores y al Gobierno, y para pagar las indemnizaciones.

La realidad es que Tepco tendrá que continuar funcionando de un modo u otro, tanto para suministrar electricidad a Tokio y su área metropolitana (que genera el 40 por ciento del PIB de Japón) y para pagar las reclamaciones de las decenas de miles de personas cuyas vidas se han visto dañadas por lo ocurrido en Fukushima.