La juez abre causa por sedición en los disturbios de Barcelona a 4 días del 1-O

Una multitud que, “de forma desordenada y violenta” trató de impedir que la Guardia Civil registrara varias consejerías catalanas “golpeando y causando daños considerables en coches oficiales, pinchando sus ruedas, atacando la sede del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)”, agrediendo a militantes de ese partido, e impidiendo la salida a los agentes de los edificios registrados. Esos hechos, ocurridos en Barcelona los pasados 21 y 21 de septiembre constituyen, presuntamente, un delito de sedición, según Carmen Lamela. La juez de la Audiencia Nacional considera que su investigación y enjuiciamiento corresponde, además, a ese tribunal, ya que esas movilizaciones perseguían atentar contra “la forma de Gobierno” al tratar de cambiar la organización territorial del Estado.

La resolución de Lamela admite a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado viernes y que apuntaba como organizadores de la protesta a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y al de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. El acuerdo judicial se produce a solo cuatro días del referéndum independentista del 1-O. El Ministerio del Interior ha enviado a miles de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir nuevos incidentes hasta el día fijado por la Generalitat para la celebración de la consulta. El auto de la juez, que no señala por el momento a ningún responsable concreto, pide a la Guardia Civil que le envíe un atestado sobre lo ocurrido esos días.

El auto aborda una cuestión compleja. Si el delito de sedición se encuentra en el catálogo de infracciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva a la Audiencia Nacional. Lamela considera que no todas las causas por sedición corresponderían a ese tribunal. Solo tendría que investigar y juzgar las que supongan un ataque a la “forma de Gobierno”. Y en este caso, la instructora considera que el objetivo de las concentraciones fue “conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de la república catalana independiente de España”. “Tal conducta”, prosigue la juez, “va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que atenta también contra la forma actual de Gobierno de España”.

La denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional relataba cómo, con ocasión de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, “una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales” que les obligaban a practicarlos. El escrito contaba que la concentración ante la Consejería de Economía fue convocada por redes sociales. En ellas, “individuos que no han podido ser identificados”, continúa el escrito, “pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil a fin de impedir su legítima actuación”.

El escrito solo citaba expresamente a dos personas -Sànchez y Cuixart-. El primero, según el fiscal, se dirigió a las 40.000 personas que se concentraban en la consejería a las 8.20 de la tarde y manifestó: “El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos”. Y también: “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”. En el caso de Cuixart, el máximo responsable de Omnium se subió a un coche patrulla de la Guardia Civil pasada la medianoche y, junto a Sànchez, reclamó a la muchedumbre una “movilización permanente” desde el jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente, al ver que la situación se les había escapado de las manos, pidieron a los manifestantes que se disolvieran, pero no lo consiguieron.

La secretaria del juzgado, que había acudido al registro, permaneció retenida en el edificio hasta la madrugada, cuando consiguió salir por la azotea. En el interior quedó una decena de guardias civiles que no pudieron abandonar la consejería hasta las siete de la mañana siguiente. Disturbios similares, aunque de menor intensidad, también se produjeron en la Consejería de Exteriores y en la de Gobernación, así como en la sede de la CUP, donde los agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial.