20-n. El cermi denuncia que hay personas que no podrán votar por su discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado que "hay personas con discapacidad que no podrán votar en las próximas elecciones generales, ya que la Ley General Orgánica Electoral General permite que se pueda privar del derecho al sufragio a determinadas personas por razón de discapacidad".
Según informó el Cermi en un comunicado, la legislación electoral vigente en España admite que se prive del derecho del sufragio, activo y pasivo, a las personas incapacitadas judicialmente, siempre que la sentencia que declara la incapacitación lo prevea expresamente.
Esta posibilidad también se extiende a las personas internadas en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio
"Esta eliminación de derechos fundamentales, que suele afectar fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, carece de sentido desde una visión derechos humanos y entra en clara contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España", afirma el Cermi.
Este tratado internacional, en su artículo 12, establece la plena igualdad legal de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, sin que quepan restricciones por razón de discapacidad. Además, garantiza el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y en los procesos electorales sin ningún tipo de exclusiones.
A juicio del comité, la vigente legislación española es incompatible, por tanto, con las Convención de la ONU, por lo que "tiene que ser modificada con urgencia para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos básicos en plenitud".
El pasado mes de septiembre el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su examen del cumplimiento por España de la citada Convención Internacional, determinaba que la legislación electoral española en este punto violaba los derechos de las personas con discapacidad, por lo que indicaba que necesita ser reformada inmediatamente.